La expresidenta argentina Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner, enfrentan desde este viernes un juicio oral por lavado de activos y asociación ilícita en el caso ‘Hotesur-Los Sauces’, que investiga supuestas maniobras con negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia. Ambos participarán de forma virtual en la primera audiencia, mientras Fernández cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por otro caso de corrupción.
El Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5) es el encargado de este juicio, tras la decisión de un tribunal de alzada de unificar dos expedientes que se tramitaban por separado. La Fiscalía sostiene que, entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Fernández, la familia estableció un circuito de lavado de dinero a través de las empresas Hotesur y Los Sauces, que administraban sus hoteles e inmuebles en la provincia de Santa Cruz.
La acusación detalla que estas empresas habrían servido para recibir pagos ilícitos de empresarios. Cristina Fernández está acusada de asociación ilícita y lavado de activos, mientras que Máximo Kirchner enfrenta cargos como organizador de la supuesta asociación ilícita. La acusación también incluye a otros 19 empresarios, funcionarios provinciales y personas cercanas a la familia.
Entre los implicados se encuentran Carlos Alberto Sancho, exgobernador de Santa Cruz; Lázaro Báez, empresario del sector de la construcción, y los hombres de negocios vinculados a medios de comunicación, Cristóbal López y Fabián de Sousa. La hija de Fernández, Florencia Kirchner, fue excluida del proceso tras su sobreseimiento definitivo en 2023.
Los delitos de lavado de activos y asociación ilícita conllevan penas de entre tres y diez años de prisión. Las denuncias que dieron origen a las investigaciones fueron presentadas por la exdiputada Margarita Stolbizer, del partido GEN, en 2014 y 2016.
En septiembre de este año, el tribunal de primera instancia decidió dividir las causas, pero la Fiscalía apeló, argumentando que esto podría fragmentar la prueba. La sala de Casación ordenó la unificación de los casos el pasado martes.
La defensa de Fernández, liderada por el abogado Carlos Beraldi, ha cuestionado la decisión de unificar los expedientes, argumentando que podría afectar las garantías de los acusados al modificar la organización del proceso a pocos días de su inicio.
