La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó un proyecto de ley que busca autorizar la grabación en audio y video de las visitas a presos en cárceles de máxima seguridad. Esta iniciativa forma parte de una estrategia para frenar la coordinación de actividades criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Fernández, quien asumió el cargo recientemente, argumentó que los reclusos continúan dirigiendo estructuras delictivas desde prisión mediante mensajes transmitidos por visitantes, incluidos familiares y abogados. La actual normativa impide controles que, según la mandataria, facilitan que líderes de bandas vinculadas al narcotráfico mantengan el mando de sus organizaciones desde la cárcel.

El Gobierno ha identificado aproximadamente 260 estructuras criminales activas en el país, compuestas por miles de miembros. En este contexto, la presidenta solicitó mayor acción del Organismo de Investigación Judicial para avanzar en las investigaciones y desarticular estas organizaciones.

Fernández también destacó el avance del proyecto de una nueva megacárcel de alta seguridad, inspirada en modelos de otros países de la región, que tendrá capacidad para más de 5,000 internos. Esta cárcel es considerada una pieza central en su estrategia contra el crimen organizado.

En sus declaraciones, la mandataria criticó los “enfoques garantistas” en materia de seguridad, los cuales atribuyó a un debilitamiento de la protección a las víctimas frente al avance del crimen organizado. Además, anunció que su administración está evaluando nuevas medidas de control interno en las fuerzas policiales.

Entre estas medidas se incluyen pruebas de polígrafo para mandos de seguridad, en un contexto marcado por el aumento de los homicidios vinculados al narcotráfico en el país. La implementación de estas acciones refleja el compromiso del Gobierno para enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado.