La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la empresa Havana Docks Corp., cuya propiedad en La Habana fue confiscada tras la revolución de 1959. Esta decisión podría facilitar que otras empresas estadounidenses presenten reclamaciones por bienes incautados en Cuba. El fallo se produjo en medio de un contexto de tensiones políticas, incluyendo la imputación de cargos de asesinato al expresidente cubano Raúl Castro.

En una votación de 8 a 1, la Corte revocó la decisión de un tribunal federal de apelaciones que había anulado una sentencia que obligaba a cuatro líneas de cruceros a pagar compensaciones por utilizar muelles confiscados. Las compañías Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruises enfrentaban multas de 109 millones de dólares cada una, debido a que usaron las instalaciones antes nacionalizadas en 1960.

La Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, permite a ciudadanos estadounidenses demandar a quienes se benefician de bienes expropiados por el gobierno cubano. El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito había argumentado que Havana Docks no era dueña de los muelles, ya que su concesión de 99 años expiró en 2004, lo que la descalificaba para recibir indemnización.

El juez Clarence Thomas, de la Corte Suprema, discrepó con esta interpretación, afirmando que Havana Docks demostró que las líneas de cruceros utilizaron propiedades confiscadas en las que tenía un interés. Thomas enfatizó que quienes usen propiedades expropiadas pueden ser considerados responsables ante los ciudadanos estadounidenses que tienen derechos sobre ellas.

Por otro lado, la jueza Elena Kagan expresó su desacuerdo, argumentando que el derecho de propiedad de Havana Docks era temporal y había expirado antes de que las líneas de cruceros comenzaran a operar en esos muelles. Este uso se produjo entre 2016 y 2019, tras la flexibilización del embargo por el presidente Barack Obama, aunque posteriormente fue revertido por Donald Trump.

Desde 1962, Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba, lo que ha generado un entorno complejo para las reclamaciones de bienes confiscados. La reciente decisión de la Corte Suprema podría tener implicaciones significativas para futuras reclamaciones de ciudadanos estadounidenses relacionados con propiedades en la isla.