La Corte Suprema de Brasil evaluará entre el 4 y el 15 de diciembre la constitucionalidad de una ley que busca reducir las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en 2022, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro. Un juez de la corte, Alexandre de Moraes, anunció estas fechas para analizar los recursos presentados contra la denominada «ley de dosimetría».
Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión, pero cumple su pena en casa debido a problemas de salud. Esta ley también afectaría a los más de 1,500 procesados por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, de los cuales cerca de un tercio recibió penas de cárcel.
El Congreso aprobó la ley en diciembre pasado, pero el presidente Lula la vetó poco después. Sin embargo, en abril, los legisladores anularon el veto, permitiendo que la ley entrara en vigor. No obstante, el Supremo Tribunal la suspendió tras aceptar recursos de partidos de izquierda.
En junio, el fiscal general consideró que la ley es constitucional, ya que no elimina los delitos ni anula las condenas. Esta decisión se produce pocas semanas después de que Lula ganara su cuarto mandato en el balotaje contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien había superado a Lula en la primera vuelta.
A pesar de la derrota de Flávio, el Partido Liberal de los Bolsonaro se convertirá en la primera fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados a partir de febrero. Durante su campaña, el senador prometió que su primera acción como presidente sería liberar a su padre de la prisión domiciliaria.
Al día siguiente de su derrota, Moraes ordenó la retención de los pasaportes de Flávio en el marco de una investigación por lavado de dinero. Posteriormente, el senador huyó a Estados Unidos a través de Argentina, donde embarcó con un pasaporte italiano y desde Florida se declaró víctima de una «persecución».

