La Corte Penal Internacional (CPI) podrá solicitar la detención y entrega de una persona a cualquier Estado donde esta se encuentre, de acuerdo con el artículo 91 del Estatuto de Roma. Esta solicitud irá acompañada de los antecedentes que la justifiquen y requerirá la cooperación del Estado solicitado. Los Estados Partes están obligados a cumplir con estas solicitudes según sus disposiciones internas.

Si la persona solicitada impugna su entrega ante un tribunal nacional alegando la excepción de cosa juzgada, el Estado requerido deberá consultar de inmediato con la CPI para determinar la admisibilidad de la causa. Si se considera admisible, el Estado cumplirá con la solicitud; en caso contrario, podrá aplazar la entrega hasta que la CPI tome una decisión.

El Estado Parte también permitirá el tránsito de la persona que otro Estado entregue a la CPI, siempre que no obstaculice la entrega. La solicitud de tránsito de la CPI incluirá una descripción de la persona, un resumen de los hechos y la orden de detención.

Durante el tránsito, la persona permanecerá detenida, y no se requerirá autorización si el transporte se realiza por vía aérea sin aterrizaje en el territorio del Estado de tránsito. Sin embargo, si ocurre un aterrizaje imprevisto, el Estado de tránsito podrá solicitar a la CPI la autorización correspondiente.

En caso de un aterrizaje no previsto, el Estado de tránsito detendrá a la persona hasta recibir la solicitud de la CPI. Esta detención no podrá exceder de 96 horas desde el aterrizaje si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.

Finalmente, si la persona buscada está siendo juzgada o cumple condena en el Estado requerido por un delito diferente al que motiva la solicitud de la CPI, este Estado, tras decidir conceder la entrega, deberá consultar con la Corte Penal Internacional.