La Convención de las Naciones Unidas contra el Ciberdelito, adoptada en diciembre de 2024, busca prevenir y combatir el ciberdelito a nivel global. Este acuerdo, resultado de casi cinco años de negociaciones con la participación de más de 150 países, se firmó en Hanói, Vietnam, en octubre de 2025, y hasta ahora, 95 Estados la han firmado y 3 la han ratificado.

La Convención clasifica los delitos en dos grupos: los «ciberdendientes», que dependen de la tecnología, y los «ciberfacilitados», que son delitos tradicionales potenciados por las tecnologías de la información y la comunicación. Entre los ciberdelitos se incluyen el hacking, el ransomware y la sextorsión, que tienen efectos devastadores en la vida de las personas y las instituciones.

Los ataques de ransomware, por ejemplo, han llevado a hospitales a suspender servicios, y las estafas en línea pueden arruinar las finanzas de una familia. La explotación sexual infantil en línea es otra grave preocupación que se ve facilitada por la tecnología.

La Convención busca cerrar las brechas legales que han permitido a los cibercriminales operar entre jurisdicciones con leyes diferentes. Al criminalizar estas conductas en todos los Estados Parte, se busca una respuesta más efectiva a la ciberdelincuencia.

Además, la Convención aborda un desafío práctico para los investigadores: la evidencia digital, que a menudo se encuentra en otros países y bajo el control de proveedores privados. Para acelerar la preservación de estos datos, se establece un sistema de puntos de contacto disponibles 24/7.

Las medidas de investigación propuestas están sujetas a supervisión y deben respetar los derechos humanos. La Convención también reconoce las diferencias en recursos entre países, dedicando un capítulo a la asistencia técnica para ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus capacidades en la lucha contra el ciberdelito.

Hasta la fecha, la Convención permanecerá abierta para la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 31 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, los países que no hayan firmado podrán acceder a ella mediante un proceso de ratificación.