El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional que invite al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, a comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda para explicar los retrasos en la implementación de la Ley 16-26, que fue promulgada hace más de dos meses. La petición fue presentada este miércoles por una comisión que incluye al arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Samuel Peña y Miguel Liberato.
El CIC argumentó que el Congreso, como órgano de representación y fiscalización, debe conocer las razones por las cuales la ley aprobada aún no se ha puesto en marcha, lo que mantiene en incertidumbre a numerosos contratistas de obras públicas que esperan el reconocimiento y pago de sus deudas. La conformación de la comisión ejecutora es esencial para iniciar la validación y reconocimiento de los expedientes, y su ausencia retrasa la aplicación de la ley.
Solicitan explicaciones sobre la implementación
Los constructores de obras estatales consideran que la comparecencia del ministro podría proporcionar claridad sobre el estado de implementación de la ley, el cronograma para la instalación de la comisión ejecutora y las acciones necesarias para garantizar su ejecución efectiva. El CIC enfatizó que el país y los contratistas merecen una explicación sobre los obstáculos que han impedido la activación de este mecanismo.
Antes de dirigirse al Congreso, el CIC intentó múltiples vías institucionales, incluyendo una comunicación al Ministerio de Hacienda el primero de junio, solicitando información sobre la puesta en funcionamiento de la comisión ejecutora. Tres semanas después, el CIC presentó una intimación por falta de respuesta.
Además, los contratistas han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo y han apoderado a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para evaluar la situación desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la información pública.
La organización aclaró que su solicitud no busca confrontación política, sino promover la transparencia y el cumplimiento de una ley vigente, cuyo objetivo es hacer justicia a contratistas que han esperado durante décadas el pago de deudas reconocidas por el Estado.
Finalmente, el CIC instó a los presidentes de ambas cámaras legislativas a acoger su solicitud y a garantizar la comparecencia del ministro Magín Díaz, para que el país conozca cuándo comenzará la ejecución de la Ley 16-26 y el cronograma para la activación de la comisión encargada de su aplicación.
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