La República Dominicana ha aprobado una nueva Ley de Contrataciones Públicas con el objetivo de fortalecer la transparencia, la competencia y la planificación. Sin embargo, se están ampliando regímenes especiales que flexibilizan estos principios para ciertas obras públicas, lo que plantea un riesgo significativo al convertir excepciones temporales en métodos permanentes de contratación, afectando la trazabilidad y el control fiscal.

Las administraciones públicas requieren flexibilidad para manejar situaciones extraordinarias, como pandemias o proyectos paralizados. No obstante, cuando esta flexibilidad se convierte en un mecanismo recurrente, se corre el riesgo de que se ignoren la buena planificación y la estructura adecuada de los contratos.

Preocupaciones en la contratación pública

La Ley 118-21 se implementó como una medida excepcional para facilitar la finalización de obras afectadas por la pandemia, pero la Ley 83-24 amplió significativamente su alcance. Recientemente, un nuevo proyecto aprobado por el Senado en abril de 2026 mantiene abierta la posibilidad de incorporar más obras a este régimen especial.

Esta situación genera una paradoja institucional: mientras se introduce la Ley 47-25 para mejorar la transparencia y la competencia en la contratación pública, se siguen estableciendo mecanismos que debilitan esos mismos principios. La cuestión no es solo si el Estado debe concluir obras necesarias, sino si puede hacerlo sin comprometer el sistema que asegura su adecuada planificación y ejecución.

La Ley 118-21 fue concebida en un contexto de emergencia, donde el Estado priorizaba evitar que infraestructuras críticas quedaran detenidas. Sin embargo, las excepciones deben tener límites claros y estar sujetas a controles reforzados para evitar que se conviertan en prácticas permanentes.

A medida que los regímenes excepcionales se expanden, se corre el riesgo de que se conviertan en una solución habitual para problemas que deberían abordarse desde el inicio con una planificación adecuada. Esto se refleja en el hecho de que la Ley 83-24 y el proyecto de abril de 2026 han ampliado el alcance de estas excepciones, lo que afecta la coherencia institucional.

Impacto en la calidad del gasto público

La fragmentación del sistema de contratación pública es evidente, con un régimen ordinario que exige mayor planificación y control, y mecanismos especiales que operan bajo reglas diferentes. Esto no solo crea un problema normativo, sino que también afecta la calidad del gasto público y la credibilidad del sistema.

La urgencia por concluir obras no debe desplazar los mecanismos de planificación y control que protegen el interés público. La calidad de una infraestructura no se mide solo por su finalización, sino también por el proceso de contratación y ejecución que la respalda.

La República Dominicana necesita finalizar sus obras públicas, pero también debe preservar la credibilidad de su sistema de contratación. Para lograrlo, es esencial que se publique un inventario completo de las obras y sus costos, y que se limite el uso de regímenes excepcionales a situaciones verdaderamente justificadas y temporales.

Una excepción puede ser necesaria para resolver una emergencia, pero su uso recurrente puede normalizar problemas en lugar de corregirlos. Es crucial que el país mantenga un marco institucional sólido para garantizar que las obras se realicen de manera eficiente y transparente.