La Contraloría General de la República emitió la Circular IN-CGR-CIR-2026-0005, que establece lineamientos técnicos para regular el registro, la trazabilidad, la transparencia y la gestión financiera de las cesiones de contratos de obras, bienes y servicios del Estado. Esta normativa, firmada por el contralor general Geraldo Espinosa, entrará en vigor el 6 de julio de 2026 y será obligatoria para ministerios, direcciones generales y entidades de la Seguridad Social. La medida busca unificar procedimientos y fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos.

Espinosa indicó que uno de los cambios más significativos es la implementación de un contrato tripartito, donde el Estado, el contratista original y el nuevo beneficiario asumirán responsabilidades solidarias durante la cesión. Esto permitirá supervisar cada operación desde su inicio hasta su conclusión, con criterios técnicos definidos y mecanismos de seguimiento más rigurosos.

La normativa exige que la institución contratante verifique que el cesionario cumpla con las mismas condiciones técnicas, legales y financieras exigidas en la adjudicación original. Además, el nuevo beneficiario deberá estar registrado en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef) antes de que se autorice cualquier transferencia contractual.

Las cesiones solo podrán realizarse en los casos permitidos por el artículo 151 de la Ley núm. 47-25, que limita este procedimiento a situaciones excepcionales y de interés público. También se requiere un informe técnico que justifique la cesión y detalle el estado financiero y el avance físico del contrato antes de recibir la autorización correspondiente.

Como parte de los nuevos mecanismos de fiscalización, todas las cesiones deberán registrarse mediante una adenda al contrato original en el Sistema Trámite Regular Estructurado (TRE Contrato). Este procedimiento permitirá identificar montos cedidos, balances pendientes y las responsabilidades de cada parte involucrada.

Los libramientos de pago deberán registrarse en el Sigef a nombre del beneficiario correspondiente, garantizando la integridad y trazabilidad de la información financiera. La circular también permite la firma de adendas individuales con el cedente y el cesionario, siempre que se respeten los límites establecidos por la legislación vigente.

Las garantías previstas en la Ley núm. 47-25 deberán ser asumidas por el cesionario en proporción al contrato cedido, protegiendo así el interés público durante la ejecución contractual. Esta normativa aplicará únicamente a las cesiones formalizadas a partir del 6 de julio de 2026, mientras que las anteriores seguirán bajo la regulación vigente al momento de su firma.

La Contraloría ha puesto a disposición el texto completo de la circular en su portal institucional para facilitar su conocimiento e implementación por parte de las entidades públicas.