Yokeiry Coronado De La Cruz y su pareja, Jeider Montero Medina, fueron condenados a 30 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser hallados culpables de torturar hasta causar la muerte a la menor de siete años, Emailing Coronado, quien estaba bajo su cuidado. El caso, que conmocionó a la sociedad dominicana, evidenció un patrón de maltrato reiterado hacia la niña.
El fallecimiento de Emailing ocurrió en agosto del año pasado en el sector Los Guandules. Los vecinos revelaron que la menor sufría un progresivo maltrato por parte de Yokeiry, quien era tía de la madre de la víctima. En una declaración previa a la sentencia, Yokeiry expresó su arrepentimiento, afirmando que quería criar a la niña como si fuera su propia hija.
El Ministerio Público también formuló cargos contra Jeider Montero, quien, a pesar de conocer la situación de maltrato, no la denunció. Durante la audiencia, su abogado argumentó que el hombre trabajaba entre doce y dieciséis horas diarias y que solo llegaba a casa a dormir, lo que limitaba su capacidad de intervenir en la situación.
El defensor solicitó que, en caso de condena, se le impusieran tres años de prisión suspendida, alegando que Jeider era inocente. Sin embargo, las juezas del tribunal, Yissel Bienvenida Soto Peña, Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, desestimaron la solicitud y dictaron la misma pena de 30 años para ambos condenados. Además, se les impuso una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los familiares de la niña.
La médico forense que certificó el fallecimiento de Emailing determinó que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado. La madre biológica de la menor, quien la procreó siendo adolescente, había confiado en que su hija tendría una mejor vida al estar con su tía.
Vecinos de la pareja condenada relataron que notaron señales de maltrato cuando vieron a Emailing salir a comprar números de lotería, mostrando un deterioro físico evidente. Un colmadero comentó que la niña no había salido a comprar en tres meses y que, cuando la veía, estaba cubierta hasta la cabeza con un abrigo, con el rostro cabizbajo.
Los residentes del área también informaron que habían denunciado la situación al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani), pero se les exigió presentar pruebas del maltrato. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor atención y protección para los menores en situaciones vulnerables.

