La Comisión Técnica Deliberativa (CTD) de la Dirección General de Aduanas (DGA) ha aclarado su origen y funciones, destacando su papel en la rectificación de partidas arancelarias.

La primera resolución de la CTD, emitida el 17 de diciembre de 1996, se centró en la clasificación arancelaria de los receptores de radiotelefonía, comúnmente conocidos como beepers.

La importación de estos dispositivos comenzó a finales de la década de 1980, y su uso se popularizó en los años 90, con modelos destacados como el Motorola Bravo y el Advisor.

Estos equipos permitían recibir mensajes numéricos y alfanuméricos, transformando la comunicación en esa época. Sin embargo, surgieron dudas sobre su correcta clasificación arancelaria, lo que llevó a la creación de la CTD.

El análisis inicial realizado por técnicos de la DGA, como Julio Alberto de Jesús Félix y Daniel Aponte Gil, concluyó que la subpartida 8525.10.10, que gravaba a los beepers con un 10% y 8% de ITBIS, no era correcta.

Se determinó que la clasificación adecuada era la subpartida 8527.90.90, con un gravamen del 30% ad valorem y 8% de ITBIS.

Esta rectificación fue necesaria para asegurar que la clasificación arancelaria reflejara correctamente la naturaleza de los dispositivos.

Creación y Funciones de la CTD

La CTD fue formalmente creada el 5 de diciembre de 1996, con la instrucción de atender reclamaciones técnicas que excedieran la competencia del administrador de aduanas.

Este órgano se encargó de revisar y validar partidas arancelarias, incluyendo la de los beepers, que había generado confusión en su clasificación.

La resolución emitida por la CTD fue firmada por siete miembros titulares, todos con amplia experiencia en la materia.

La resolución técnica se basó en el hecho de que la partida arancelaria 8525.10.10 se refería a equipos emisores, mientras que los beepers son dispositivos receptores de mensajes.

Esto fue fundamental para la correcta clasificación y para evitar sanciones por declaraciones erróneas. La decisión fue comunicada al Director General de Aduanas, Miguel Cocco, quien respaldó el veredicto de la CTD.

A pesar de la resolución, la Compañía Dominicana de Teléfono presentó un recurso jerárquico ante el Ministerio de Hacienda, argumentando que la decisión no debía aplicarse de manera retroactiva.

Sin embargo, la CTD y la DGA sostuvieron que la clasificación errónea había sido recurrente y que era necesario corregirla conforme a la ley.

Esto subraya la importancia de la correcta aplicación de las normativas aduaneras.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) en 2007, la CTD ha adquirido un rol aún más relevante.

La ley 226-06, que otorga autonomía a la DGA, y la ley 168-21, que redefine sus funciones, han ampliado el alcance de la CTD en la administración aduanera.

Esto incluye la capacidad de emitir resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria y otros aspectos técnicos relacionados con las importaciones.