La Comisión de Movilidad y Transporte de la Cámara de Diputados inició un diálogo con representantes del sector motoconchista y dirigentes del transporte para abordar la violencia y el desorden en el uso de motocicletas en el país. El presidente de la comisión, el diputado Bray Vargas, enfatizó la necesidad de escuchar a todos los sectores involucrados para desarrollar políticas públicas que se alineen con la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Vargas resaltó que el sector motociclista representa cerca del 70% de las muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana, lo que hace urgente la aplicación de la normativa vigente y la creación de un régimen de consecuencias. «El problema no es la falta de ley, sino la falta de cumplimiento», afirmó, señalando que las autoridades deben ejecutar la legislación para lograr cambios en la movilidad y el transporte.

En el encuentro participaron motoconchistas de diversas provincias, quienes establecerán mesas de diálogo permanentes con la comisión para discutir propuestas de regulación y formalización del sector. También asistieron expertos en seguridad vial, quienes aportarán su conocimiento al proceso.

Ante recientes hechos violentos relacionados con motociclistas, Vargas mencionó que la comisión está evaluando proyectos para regular y formalizar el uso de motocicletas, buscando así reducir conflictos y garantizar responsabilidades en caso de actos delictivos.

El representante de la Central Nacional de Transportistas Unificados (Cntu), William Pérez Figuereo, valoró la apertura del encuentro y destacó que el país enfrenta una crisis de violencia vinculada a la movilidad. Atribuyó parte de los conflictos recientes entre motociclistas y conductores de transporte escolar a la falta de campañas de educación vial.

Pérez Figuereo subrayó que el Estado no ha realizado suficientes campañas educativas para que la población comprenda cómo actuar ante un autobús escolar cuando se activan las señales de parada.

El diputado Tobías Crespo defendió la ley 63-17, argumentando que el problema principal radica en la aplicación de la normativa. Crespo enfatizó que los motoconchistas deben ser regulados y organizados, reconociendo la dependencia económica de muchas familias en este sector.

El legislador también advirtió sobre el aumento de la violencia en algunas paradas de motocicletas, sugiriendo que organismos de inteligencia investiguen posibles estructuras delictivas infiltradas en el sector. La situación actual requiere atención urgente para garantizar la seguridad y el orden en el transporte motorizado.