La presidenta de la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la «suspensión provisional» del presidente Gustavo Petro por su supuesta participación en la actual campaña política presidencial. Esta medida cautelar es inédita en Colombia y busca acelerar el proceso de suspensión total del mandatario, que solo puede ser decidido por el Senado, según la Constitución.

En Colombia, está prohibido que un presidente intervenga en una campaña política a favor de algún candidato, lo que se considera una falta gravísima. Arizabaleta argumenta que la participación de Petro se evidencia en la difusión de mensajes a través de su cuenta oficial @petrogustavo entre el 6 y el 9 de junio de 2026, donde se refirió directamente a candidatos y a la campaña presidencial.

Uno de los mensajes que se citan incluye una crítica a Juan Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia, al calificarlo como un «extremista de la derecha de la iglesia católica». La presidenta de la comisión es representante a la Cámara por una de las fuerzas del Pacto Histórico, el partido de Petro, y exesposa de Roy Barreras, exembajador en Londres y aliado del presidente.

Arizabaleta justifica la medida cautelar por la posibilidad de que la conducta de Petro continúe, especialmente con la segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio. Sin embargo, el ministro de Interior, Armando Benedetti, recordó que la Comisión de Acusaciones no tiene la facultad para suspender al presidente, ya que solo el Senado puede hacerlo tras un proceso formal.

Barreras también expresó su desacuerdo, afirmando que la decisión carece de validez jurídica y que la Comisión Legal de Acusaciones no tiene atribuciones para tomar una decisión de esta naturaleza, lo que la convierte en inconstitucional.

El artículo 194 de la Constitución colombiana establece que un presidente solo puede ser inhabilitado por su muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia, incapacidad física permanente o abandono del cargo, siendo estos dos últimos declarados por el Senado.

La Comisión de Acusaciones, compuesta por dieciséis congresistas de diferentes partidos, es la única instancia que puede investigar a un presidente. Esta comisión se encarga de recibir denuncias, recopilar pruebas y decidir si se deben formular cargos, lo que podría llevar a la destitución del presidente si se aprueba en la Cámara de Representantes y el Senado.

Hasta la fecha, ningún presidente en Colombia ha sido suspendido, destituido o inhabilitado. Aunque varios jefes de Estado han enfrentado procesos en la Comisión de Acusaciones, solo el caso del expresidente Ernesto Samper ha prosperado, siendo absuelto posteriormente por la Cámara de Representantes.

Además, Petro enfrenta investigaciones por denuncias de financiación irregular de su campaña y por el proceso judicial que involucra a su hijo Nicolás Petro y a miembros cercanos de su partido, aunque estos casos no han avanzado significativamente.