La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) solicitó al Gobierno la promoción de préstamos para el sector a tasas de interés de entre 8 % y 9 %, así como la regulación de las comisiones que cobran las entidades financieras por transacciones con tarjetas de débito y crédito. Esta petición surge debido a que el costo del financiamiento está afectando la rentabilidad y competitividad de los negocios.

El presidente de la FDC, Iván García, propuso en un comunicado que se utilicen mecanismos como la liberación de recursos del encaje legal para facilitar préstamos en condiciones más favorables a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Actualmente, el costo del dinero oscila entre 14 % y 19 %.

Durante un desayuno con motivo del 52 aniversario de la entidad, García mencionó que algunos comerciantes han asumido préstamos de hasta 100 millones de pesos para modernizar sus establecimientos y mejorar sus áreas comerciales. Sin embargo, advirtió que las altas tasas de interés dificultan la recuperación de esas inversiones, lo que podría llevar a algunos negocios a operar por debajo de su punto de equilibrio.

En cuanto al financiamiento, García indicó que a mayo de este año los créditos a las mipymes sumaban 579,000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 141,000 millones correspondían al comercio. También pidió regular las comisiones que cobran las entidades financieras por pagos electrónicos, que en algunos casos pueden alcanzar entre 4 % y 6 %.

Según cifras presentadas por García, a mayo de 2026 había alrededor de 239,000 terminales de pago instaladas en los comercios, y las transacciones financieras alcanzaron 550,000 millones de pesos en sectores como servicios, supermercados y tiendas minoristas.

El dirigente comercial cuestionó la comisión del 5 % aplicada a las transacciones con tarjetas del programa Supérate, sugiriendo que se reduzca a menos de 1 % para incentivar su aceptación en los comercios.

García también reclamó igualdad de condiciones frente a competidores extranjeros, especialmente en el comercio con China, aclarando que la FDC no se opone a las importaciones chinas, sino que demanda que todos los participantes del mercado cumplan las mismas reglas.

Advirtió sobre el riesgo que representa la falta de controles efectivos contra el comercio ilícito y la competencia desleal, lo que podría amenazar la permanencia del comercio tradicional y afectar el empleo formal.

Otro tema de preocupación para el sector es la entrada en vigor, en noviembre, de las disposiciones sobre responsabilidad penal empresarial. García apoyó la propuesta legislativa que busca extender por dos años el plazo para su aplicación, argumentando que las empresas necesitan más tiempo para adaptarse a los cambios.

Finalmente, solicitó evaluar la situación de las mipymes ante el vencimiento, el próximo 15 de noviembre, del plazo para incorporarse a la facturación electrónica. Según datos de la Tesorería de la Seguridad Social, las actividades de comercio y servicios registraban 1,044,961 trabajadores a julio de 2026.