El precio de los combustibles en la República Dominicana incluye hasta un 40% de impuestos, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de un modelo fiscal más justo. Esta situación ha sido objeto de análisis durante décadas, con una narrativa oficial que no refleja completamente la realidad del costo que asumen los ciudadanos. La estructura fiscal detrás del precio de cada galón se ha mantenido casi intacta a lo largo de los años, independientemente del partido en el poder.

Los dominicanos esperan cada viernes el anuncio de los precios de los combustibles, donde la explicación habitual se centra en el mercado internacional y el costo del petróleo. Sin embargo, cuando el petróleo baja, las rebajas en las estaciones de servicio son lentas y menores, mientras que los aumentos se trasladan rápidamente al consumidor. Esto resulta en que los ciudadanos rara vez experimentan un alivio completo en los precios.

Se estima que entre un 32% y más de un 40% del precio de cada galón corresponde a impuestos y cargos públicos. Por ejemplo, con la gasolina premium a RD$358.10 por galón, se calcula que aproximadamente RD$134 son impuestos, lo que equivale a cerca del 37%. Este monto incluye el cargo fijo de la Ley 112-00, un selectivo de 16% ad valorem y RD$22 por galón que se destinan al fondo de transporte administrado por el INTRANT.

La reciente medida del Gobierno de anunciar un subsidio de RD$31.81 por galón de gasolina premium para contener el precio se asemeja más a una reducción temporal de impuestos que a un verdadero subsidio. De los RD$133 que el Estado percibía por cada galón, dejó de percibir alrededor de RD$32, manteniendo cerca de RD$101.

La dependencia del combustible como fuente de ingresos fiscales se debe a que es una recaudación automática y segura. Mientras, el 53.8% de los trabajadores dominicanos se encuentra en la informalidad, lo que significa que la carga fiscal recae sobre aquellos que sí tributan, como los consumidores de combustible, transportistas y pequeños negocios formales. Esto impacta en el costo de bienes y servicios esenciales, como alimentos y transporte.

Para abordar esta problemática, se proponen varias soluciones. Primero, es necesario transparentar la fórmula de precios, publicando un desglose detallado que incluya el costo del producto, márgenes de comercialización, impuestos y cargos públicos. Esto permitiría a los ciudadanos conocer cuánto están pagando y a quién.

En segundo lugar, se debe cambiar la base del sustento fiscal, incorporando a la formalidad a la gran parte de la población que actualmente no tributa. Esto implica simplificar trámites y hacer atractiva la formalización, así como fiscalizar de manera justa.

Finalmente, se sugiere equilibrar gradualmente la carga fiscal sobre el combustible, a medida que crezca la base formal de contribuyentes. Este proceso debe ser gradual y con metas públicas verificables, evitando comprometer las finanzas del Estado.

El país necesita un sistema donde el precio del combustible sea claro y el esfuerzo fiscal se distribuya equitativamente. La transparencia fiscal debe ser el punto de partida para lograr un modelo más justo.