Un juez federal ha ordenado a la Administración del presidente Donald Trump que devuelva a Estados Unidos a la colombiana Adriana María, quien fue deportada a la República Democrática del Congo junto a otros 14 hispanos. La deportación se realizó porque no fue posible enviarla a su país de origen, Colombia, donde huyó de su pareja, un hombre vinculado a la policía que la había agredido. Esta decisión se da en el contexto de un nuevo acuerdo entre el Gobierno dominicano y Estados Unidos para recibir hasta 30 deportados mensuales.

La Cancillería dominicana ha afirmado que no aceptará deportados desde Estados Unidos sin el consentimiento previo de sus autoridades. Sin embargo, el caso de Adriana María ha puesto en evidencia la complejidad de este proceso, ya que permanece en El Congo a pesar de que el gobierno congoleño se opuso a su ingreso por razones de salud.

Decisión judicial

El juez Richard J. León, del Distrito de Columbia, determinó que la deportación de Adriana María al Congo fue probablemente ilegal, ya que ella cumple con los requisitos para ser considerada víctima de un daño irreparable. Además, el juez subrayó que fue enviada a un país que se negó a aceptarla, lo que complica aún más su situación.

Por su parte, Human Rights Watch ha documentado que Estados Unidos ha expulsado a 299 indocumentados a Panamá, incluyendo nacionales de varios países, bajo la condición de que su estadía sería temporal. Sin embargo, el proceso de repatriación se ha complicado, lo que ha llevado al gobierno estadounidense a conceder permisos de estadía a muchos de estos migrantes.

Lecciones para el gobierno dominicano

El caso de Adriana María debe servir como un llamado de atención para el gobierno dominicano, para que se asegure de cumplir con los términos del acuerdo que permite a Estados Unidos deportar migrantes de terceros países hacia la República Dominicana. Es fundamental que se preste atención a las condiciones de salud y seguridad de los deportados antes de su aceptación.

Este incidente resalta la importancia de revisar los acuerdos migratorios y garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes involucrados.