La reciente aprobación del Código Penal en el país ha generado preocupaciones sobre la limitación de libertades y el resurgimiento de la represión estatal. Este nuevo marco legal es visto como una herramienta para someter a la población y a los sectores políticos que luchan contra la explotación y la exclusión social.

Históricamente, la represión se ha ejercido a través de la violencia y las leyes estatales, buscando restringir la libertad de expresión, acción y movilización. Aunque las generaciones más jóvenes no han vivido la represión política de las décadas de 1960, 70 y 80, es importante recordar que el poder nunca renuncia a sus mecanismos de dominación.

En el pasado, la violencia era el principal método de represión, pero hoy en día, los cambios sociales y tecnológicos han obligado a las autoridades a modificar sus tácticas. La aparición de las redes sociales y los teléfonos inteligentes ha permitido a la población documentar y difundir instantáneamente abusos y protestas, lo que ha despertado una mayor conciencia social.

Los creadores de contenido han jugado un papel crucial en la denuncia de la corrupción y los abusos del poder, lo que ha generado inquietud entre los sectores que sostienen el statu quo. Este entramado de poder, que incluye partidos políticos y empresarios, está preocupado por el creciente descontento social y su posible manifestación en el país.

El Código Penal es visto como una herramienta clave para frenar las denuncias sobre corrupción, impunidad y otros problemas sociales. Se busca legitimar la represión a través de leyes que limitan las libertades públicas y los derechos constitucionales, imponiendo fuertes penalizaciones a quienes se opongan.

La élite dominante y el imperio norteamericano han notado el deterioro de la confianza del pueblo en los políticos, quienes son percibidos como interesados en su propio beneficio económico y social. Este contexto ha llevado a que el Código Penal, que lleva casi 30 años en el Congreso, sea aprobado a pesar de las preocupaciones sobre sus implicaciones para los derechos humanos.

A lo largo de los años, el descontento popular ha crecido debido al alto costo de la vida y la corrupción de los partidos políticos, lo que ha llevado a la urgencia de aprobar el Código Penal, conocido como Ley Mordaza. Este proyecto ha sido respaldado por todos los miembros del Congreso, lo que indica un compromiso con un régimen autoritario que busca controlar el descontento social.

La aprobación de esta ley representa un claro intento de silenciar las voces críticas y detener los cambios que demanda la población, consolidando un ambiente de represión en el país.