El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) anunció la implementación de un nuevo esquema de per cápita diferenciada para adultos mayores, que entrará en vigencia en mayo.

Esta medida busca mejorar la atención sanitaria de este grupo poblacional, que requiere cuidados más frecuentes.

La iniciativa, considerada «histórica» por la institución, se orienta a fortalecer la equidad, sostenibilidad y capacidad de respuesta del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Se basa en la Resolución CNSS no. 634-02, aprobada el 31 de octubre de 2025.

El CNSS explicó que esta decisión está respaldada por el artículo 169 de la ley 87-01, que permite establecer tarifas diferenciadas según el riesgo.

Esto se hace en función de estudios técnicos que demuestran la necesidad de ajustar el financiamiento del sistema a las demandas de salud de la población.

Beneficios para los adultos mayores

La cápita diferenciada representa un avance hacia un modelo más justo y solidario. Distribuye los recursos de acuerdo con variables como edad y sexo, reconociendo que los adultos mayores requieren niveles de atención más altos que los grupos más jóvenes.

Con este nuevo esquema, el SDSS podrá responder de manera más efectiva a la creciente demanda de servicios médicos relacionados con el envejecimiento.

Esto asegura que los recursos asignados financien adecuadamente consultas, tratamientos y medicamentos necesarios.

El CNSS aclaró que esta medida no generará nuevas cargas económicas para la población. En cambio, optimiza la redistribución de los recursos existentes, fortaleciendo la capacidad operativa del sistema.

Compromiso con la equidad y sostenibilidad

La cápita diferenciada moderniza el modelo de financiamiento del Seguro Familiar de Salud. Esto corrige distorsiones históricas y contribuye al equilibrio financiero y sostenibilidad del SDSS a mediano y largo plazo.

Con esta decisión, el CNSS reafirma su compromiso de establecer políticas de seguridad social que promuevan la protección integral y el bienestar de la población.

Estas medidas se basan en evidencia y principios de justicia social.