La promulgación de la Ley 30-26, que busca medidas procrecimiento económico y recaudar alrededor de RD$50 mil millones, ha generado un fuerte rechazo entre ciudadanos en Santo Domingo. Muchos consideran que el país enfrenta problemas más urgentes que la aprobación de nuevas medidas tributarias y cuestionan el impacto que estas podrían tener sobre la población.

Durante una encuesta realizada en las calles, la mayoría de los entrevistados expresó su descontento. “Uno tiene demasiados impuestos arriba de uno ya para que le cobren más”, comentó uno de los ciudadanos, mientras que otro calificó la iniciativa como “una estafa” y sugirió que las autoridades deberían enfocarse en otras prioridades.

Asimismo, varios participantes manifestaron su preocupación por el costo de la vida, advirtiendo que las nuevas cargas económicas podrían afectar aún más a los sectores de menores ingresos. “También tienen que tener en cuenta a las personas pobres”, señaló uno de los encuestados.

Defensores de la recaudación fiscal

A pesar de las críticas, algunos ciudadanos defendieron la necesidad de la recaudación fiscal para financiar servicios públicos. Un encuestado argumentó que los impuestos son esenciales para que el Estado pueda construir hospitales, escuelas, carreteras y cubrir los salarios de empleados públicos, policías y militares.

Las opiniones fueron recogidas tras la promulgación de la Ley 30-26 por el presidente Luis Abinader, quien la aprobó recientemente en un proceso acelerado que generó críticas de sectores de la oposición. Esta normativa forma parte del “plan anticrisis” del Gobierno.

La ley modifica diversas disposiciones del Código Tributario y otras leyes especiales con el objetivo de fortalecer los ingresos estatales y enfrentar los efectos de la situación económica internacional. La controversia en torno a esta medida sugiere que el debate sobre la carga fiscal y sus consecuencias continuará en el país.