Cientos de integrantes de colectivos feministas y organismos de la sociedad civil peruana marcharon este sábado en Lima para exigir a las autoridades del país «justicia, protección y una vida libre de violencias», en conmemoración del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En la manifestación participó una delegación de Ni Una Menos, un colectivo de familiares de víctimas de Ecuador, encabezado por Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal, víctima de feminicidio a manos de su esposo, un instructor de la Policía, dentro de una escuela policial en Quito.
Detalles de la marcha
La marcha se llevó a cabo bajo el lema «¡Basta de feminicidios y violencias sobre nuestros cuerpos y pueblos!», comenzando en un parque del centro histórico de Lima y recorriendo pacíficamente la avenida Abancay y el emblemático Jirón de la Unión, con destino al Palacio de Justicia.
La organización feminista Manuela Ramos, una de las convocantes, expresó: «No queremos más vidas arrebatadas, personas desaparecidas ni cuerpos violentados», junto a otros colectivos como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y la #Asamblea 25N.
Esta asamblea agrupa a colectivos, organizaciones de mujeres, activistas independientes y familiares de víctimas, con el fin de coordinar movilizaciones y acciones de protesta.
Durante el recorrido, las manifestantes lanzaron consignas y cantaron lemas exigiendo «No más impunidad» ante la violencia machista en Perú. Además de la manifestación en Lima, se anunciaron otras convocatorias para marchar y participar en jornadas de sensibilización en ciudades como Trujillo, Piura, Cusco y Madre de Dios.
Movilizaciones futuras
En el marco del 25N, la Asociación Multisectorial de Mujeres y otras organizaciones sociales de Tacna, región limítrofe con Chile, han convocado a una movilización para el próximo 28 de noviembre contra la trata y explotación sexual de niñas y adolescentes.
Entre enero de 2025 y junio de 2026, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Tacna obtuvo 66 condenas por trata de personas, representando más del 30 % de las 218 sentencias dictadas en el país durante ese período, lo que convierte a esa región en la de mayor incidencia de este delito en Perú.
Este sábado, una delegación de lideresas indígenas de los pueblos amazónicos awajún y wampis también denunció en Lima la violencia sexual, la impunidad y el abandono estatal que sufren las niñas, niños y adolescentes de las comunidades de la provincia de Condorcanqui, donde se han reportado más de 1.000 casos desde 2014.
Las lideresas indicaron que la violencia contra los menores indígenas «no ha cesado y se sigue incrementando», con más de 300 nuevos casos denunciados en 2026, acusando a docentes de abusos y contagios de VIH a sus estudiantes, quienes solo han sido reubicados y no destituidos.

