El auto de no ha lugar dictado el pasado 29 de mayo a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en el caso Calamar, provocó un intercambio de opiniones en redes sociales entre representantes de Participación Ciudadana y abogados de la defensa del exfuncionario, quienes cuestionaron la imparcialidad de la organización de la sociedad civil.

La controversia inició cuando Leidy Blanco, vocera de Participación Ciudadana, afirmó en el programa El Día que la decisión judicial representaba una “ganancia parcial, pero real” para los imputados, aunque mostró preocupación por la exclusión de algunos acusados del proceso. Blanco señaló que los resultados en los tribunales generan preocupación, sugiriendo que existe un patrón histórico en los casos de corrupción.

La abogada Laura Acosta, parte de la defensa de Gonzalo Castillo, respondió criticando la postura de la sociedad civil y de ciertos medios de comunicación. “Una pena ver a la sociedad civil y al periodismo metido en una trinchera. Penoso y patético”, escribió Acosta en sus redes sociales.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez, replicó a Acosta con un comentario que también hacía alusión a la trinchera. Su respuesta generó una nueva reacción de Acosta, quien defendió su posición como abogada de la defensa y cuestionó la actitud de la organización civil. “A la sociedad civil entendía que no, mi querido Pancho”, expresó.

El abogado Nassef Perdomo, también parte de la defensa de Gonzalo Castillo, se unió al debate y criticó la postura de Álvarez. “Por fin lo reconocen, ni Pancho ni Participación Ciudadana actúan con neutralidad, sino con una parcialidad que hasta este momento habían tratado de disimular”, afirmó Perdomo.

Este intercambio de opiniones se produce tras la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y otros imputados en el caso Calamar. La jueza Altagracia Ramírez determinó que no procedía el envío a juicio de fondo para esos acusados, aunque ordenó la apertura a juicio contra otros implicados.

Según el Ministerio Público, la supuesta estructura habría causado un perjuicio económico al Estado superior a los RD$19 mil millones a través de pagos irregulares relacionados con expropiaciones, contratos y deudas administrativas.

La decisión judicial ha generado opiniones divididas entre quienes consideran que representa un revés en la lucha contra la corrupción administrativa y aquellos que creen que evidencia debilidades en la acusación del órgano persecutor.