La celebración de la muerte de un sospechoso a manos de la Policía refleja el descontento de una sociedad que ha perdido la fe en el sistema de justicia. La frase «puesto en 29» se ha vuelto común para referirse a este tipo de desenlaces, que algunos sectores aplauden como una forma de castigo ante el crimen.

Sin embargo, este aplauso implica aceptar que la Policía asuma el rol de los tribunales, imponiendo una pena de muerte que está prohibida por la Constitución dominicana. La angustia que siente la ciudadanía ante la delincuencia es comprensible, pero otorgar a la Policía el poder de decidir quién merece morir puede acarrear peligros adicionales.

La Policía reporta que tiene pendientes **53,877 órdenes de arresto**, una cifra que no necesariamente representa a igual número de personas. Además, se han registrado más de diez incidentes policiales relacionados con el detenido por el asalto a **Kenny Grullón**. Esto plantea interrogantes sobre el estado de las investigaciones y las decisiones judiciales que deberían proteger a la ciudadanía.

La situación en las cárceles también merece atención. La **Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales** ha informado sobre decomisos de celulares y otros objetos prohibidos en el penal de **Las Parras**, lo que sugiere fallas en la seguridad y control de los internos. Las requisas son necesarias, pero la entrada de estos artículos plantea preguntas sobre quiénes son los responsables de su circulación.

La experiencia de **El Salvador** en el control de sus cárceles es un modelo que podría ser analizado por las autoridades dominicanas, especialmente por los resultados positivos en seguridad. Sin embargo, este control debe realizarse dentro del marco de la ley, ya que la **Comisión Interamericana de Derechos Humanos** ha documentado abusos y detenciones arbitrarias en ese país.

En **Brasil**, el método **APAC** combina disciplina, trabajo y educación, logrando buenos resultados en la reinserción de los reclusos. Estas experiencias obligan a una reflexión sobre cómo se aborda el delito y el trato a las personas detenidas en el país.

La idea de que la certeza del castigo es más disuasiva que su crueldad es relevante en un contexto donde la confianza en el sistema judicial se ha erosionado. Permitir que un agente decida quién debe morir puede llevar a abusos, donde la apariencia o una denuncia falsa podrían sustituir las pruebas necesarias.

Es importante aclarar que una muerte durante una intervención policial no equivale automáticamente a una ejecución extrajudicial. Los agentes pueden enfrentar situaciones que requieran el uso de fuerza letal, pero cada caso debe ser investigado de manera independiente y rigurosa.

La respuesta a la delincuencia debe incluir capturas efectivas, investigaciones sólidas y un sistema judicial responsable, además de cárceles que faciliten la reinserción. Ignorar las necesidades de las víctimas solo alimenta el ciclo de venganza y desconfianza en el Estado.

Celebrar la muerte de un delincuente sin abordar las fallas del sistema judicial es una confesión de derrota institucional, donde la sociedad deja de creer que el Estado puede ofrecer justicia.