El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables a varios de los principales acusados en los casos Coral y Coral 5G por corrupción administrativa, lavado de activos, desfalco y enriquecimiento ilícito. La sentencia se emitió en la madrugada de este martes, tras un juicio que se extendió por casi dos años.

Entre los condenados destaca el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, quien recibió una pena de 20 años de prisión y deberá pagar 20 salarios mínimos del sector público por incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito. El general retirado Juan Carlos Torres Robiou recibió la misma condena por los mismos cargos.

El tribunal también impuso una condena de 20 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos a Rafael Núñez de Aza, hallado culpable de asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Por su parte, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora Rossy”, fue sentenciada a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos por incremento patrimonial ilícito.

Asimismo, Esmeralda Ortega Polanco recibió una condena de 10 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos por uso de documentos falsificados e incremento patrimonial ilícito. José Manuel Rosario Pirón fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos por desfalco contra el Estado y lavado de activos.

Las juezas también dictaron una pena de cinco años de prisión a Yehudy Guzmán Alcántara por desfalco contra el Estado. Alejandro Montero Cruz fue sentenciado a cinco años de cárcel y al pago de una multa de 50 salarios mínimos por tenencia de armas.

Finalmente, Lucía de los Santos Viola recibió una condena de cinco años de prisión y una multa de 100 salarios mínimos por lavado de activos. El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con las autoridades, fue condenado a cinco años, pero su pena fue considerada como cumplida debido a su situación procesal.

Esta decisión concluye un largo proceso judicial en el que el Ministerio Público demostró que los acusados formaban parte de una estructura que operó desde organismos militares y policiales para desviar recursos públicos y ocultar bienes obtenidos de manera ilícita.