El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), liderado por su presidente Trajano Potentini, expresó su preocupación ante la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado por aspectos de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación. Consideran que ciertos mecanismos procesales y sancionadores podrían obstaculizar el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho de defensa de los ciudadanos.
Durante un encuentro en el Senado, Potentini y el jurista Ángel Ledesma presentaron sus inquietudes y propuestas sobre iniciativas legislativas que afectan el sistema judicial dominicano y la regulación del ejercicio de la abogacía. La comisión del CARD dialogó con senadores, incluyendo a Rafael Barón Duluc Rijo “Cholitín”, sobre reformas judiciales en discusión.
Interés Casacional y Acceso a la Justicia
Uno de los puntos críticos fue el interés casacional, introducido por la Ley núm. 2-23 como criterio de admisibilidad de recursos ante la Suprema Corte de Justicia. Potentini manifestó su inquietud sobre cómo esta figura podría limitar la revisión de ciertos conflictos por la Corte de Casación.
El presidente del CARD argumentó que, aunque el sistema judicial necesita mecanismos para aumentar su eficiencia, estos deben respetar principios constitucionales como la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. Afirmó que el interés casacional no debe convertirse en un obstáculo que impida a los ciudadanos obtener respuestas judiciales ante vulneraciones legales.
Además, Potentini destacó la preocupación por las restricciones en el recurso de casación en la jurisdicción laboral, donde la protección de los derechos de los trabajadores es crucial. Advirtió que cualquier limitación injustificada en este ámbito podría afectar a quienes dependen de sus derechos laborales para su sustento.
Sanciones Económicas y Ética Profesional
Otro tema abordado fue el artículo 56 de la Ley núm. 2-23, que establece sanciones económicas por la presentación de recursos de casación considerados abusivos. Potentini expresó su temor de que estas sanciones generen un ambiente de intimidación entre los abogados.
El presidente del CARD enfatizó que los abogados no deben enfrentarse a consecuencias económicas desproporcionadas por ejercer su labor. Resaltó que la lealtad procesal es importante, pero su aplicación debe ser objetiva y respetar las garantías constitucionales.
Asimismo, la delegación del CARD propuso la revisión de su Código de Ética Profesional y el régimen disciplinario, en respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional. Potentini subrayó que el sistema disciplinario debe alinearse con los principios constitucionales y proteger tanto la dignidad de la profesión como los derechos de los abogados.
Finalmente, el CARD respaldó la creación de una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia, especializada en materia administrativa. Consideran que esta especialización mejoraría la calidad de las decisiones judiciales y fortalecería el control sobre la actuación de la administración pública.
