El sistema penitenciario dominicano enfrenta serios problemas de hacinamiento y deficiencias en salud, con 6,913 reclusos por encima de la capacidad instalada y 15,025 presos preventivos, según el Informe de las condiciones de detención y de prisión 2025 de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Aunque se han registrado avances en infraestructura y programas educativos, las condiciones de alojamiento y atención médica siguen siendo inadecuadas.

El informe, publicado en agosto de 2026, evaluó 45 centros penitenciarios, de los cuales 24 estaban sobrepoblados. Estos establecimientos tienen capacidad para 16,357 personas, pero albergan a 23,270 internos, lo que representa una ocupación del 142.26%.

Las cárceles tradicionales son las más afectadas, con internos durmiendo en baños, pasillos y estructuras improvisadas. En la fortaleza San Fernando de Montecristi, se encontraron aproximadamente 15 hombres durmiendo en condiciones insalubres, mientras que en Nagua, algunos presos utilizaban hamacas suspendidas que representan un riesgo de caída.

La situación es crítica en San Juan de la Maguana, donde muchos reclusos duermen en el piso por falta de espacio. Además, se identificaron problemas de infraestructura, como filtraciones y ventilación insuficiente, así como condiciones precarias en los servicios sanitarios.

El acceso a servicios de salud es otro problema recurrente. Aunque algunos centros cuentan con personal médico, muchos carecen de equipos y medicamentos esenciales. En varias cárceles, los médicos deben depender de donaciones para obtener suministros, lo que limita la atención adecuada a los internos.

La salud mental también es una preocupación, ya que en algunos establecimientos solo hay un psicólogo para toda la población. Los adolescentes recluidos en Santiago dependen de sus familiares para recibir medicamentos psiquiátricos, ya que estos no son proporcionados por la institución.

La calidad de la alimentación varía entre los centros, con algunos reportando escasez de productos básicos. Aunque se han observado mejoras en ciertos recintos, muchos internos siguen recibiendo una dieta repetitiva que no satisface sus necesidades nutricionales.

El informe también destaca la falta de vehículos para traslados judiciales y hospitalarios, lo que puede retrasar consultas y audiencias. En Batey Bienvenido, se documentaron lesiones en reclusos presuntamente agredidos, lo que llevó a la Defensa Pública a recomendar investigaciones sobre el personal penitenciario involucrado.

A pesar de estos desafíos, se han iniciado el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado de internos hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. La Defensa Pública considera que estas acciones son un avance hacia la transformación del sistema penitenciario, que aún enfrenta la necesidad de reducir el hacinamiento y mejorar la atención médica y las condiciones de vida de los reclusos.