Los promotores de una planta de industrialización de residuos en La Cuaba no han podido acceder a los terrenos del proyecto durante 75 días debido a un campamento de protesta de residentes de la comunidad Los Aguacates. La Policía Nacional mantiene vigilancia en la zona, pero el acceso a la propiedad sigue restringido.
La protesta comenzó el 30 de abril y enfrenta a representantes del proyecto con comunitarios que se oponen a la iniciativa, argumentando que podría perjudicar el medioambiente y las fuentes de agua locales. La situación ha llevado a una constante presencia policial para evitar posibles enfrentamientos.
Postura de los involucrados
Osiris de León, asesor de la empresa Oakhouse, aseguró que el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales y técnicos necesarios, y atribuyó la paralización a la falta de entendimiento con la comunidad. «Desde que estemos de acuerdo entre las autoridades y las comunidades, el proceso iniciaría de inmediato», afirmó.
Fabio Correa, vocero del colectivo No Vertedero en La Cuaba, indicó que los residentes mantendrán el campamento hasta que se realicen nuevas consultas públicas sobre el proyecto. Correa expresó que la comunidad no fue debidamente escuchada y teme que la instalación se convierta en un vertedero que afecte la salud y el entorno.
Correa también denunció que la semana pasada, personas que supuestamente representaban a la empresa llegaron al campamento armadas, lo que generó preocupación entre los manifestantes. «Andan acompañados de tigres fuertemente armados y van al campamento para tratar de provocar una situación», aseguró.
Por otro lado, Diario Libre recibió denuncias de contratistas y familiares vinculados al proyecto, quienes afirmaron que la falta de acceso a los terrenos les ha causado pérdidas económicas y pidieron la intervención de las autoridades. Sin embargo, este medio no logró contactar a los remitentes ni a representantes de la empresa para confirmar estas versiones.
Impacto ambiental y respuesta de la empresa
La oposición al proyecto se remonta a 2021, cuando se plantearon preocupaciones sobre las fuentes acuíferas en la zona, que forma parte de la microcuenca del río Matúa. Los comunitarios consideran necesario revisar los estudios ambientales antes de permitir la construcción.
Oakhouse ha rechazado estas preocupaciones, afirmando que la planta se diseñó con estándares modernos de valorización de residuos y contará con sistemas de tratamiento de lixiviados y procesos cerrados para evitar emisiones contaminantes. De León aseguró que el proyecto no producirá ningún impacto ambiental negativo y que procesará materiales reciclables en un modelo de economía circular.
A pesar de los argumentos técnicos presentados por la empresa, el conflicto persiste y el proyecto sigue paralizado, entrando en su tercer mes sin una solución a la vista.
