La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camiperd) ha propuesto la actualización de la Ley Minera 146-71.

Este cambio busca eliminar las trabas administrativas que afectan al sector y asegurar que el 5% de los beneficios se destine directamente a las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

Durante una visita al director de un medio de comunicación, el presidente de Camiperd, Pedro Esteva, y el director ejecutivo, Martín Valerio, expusieron que la normativa actual, con más de 50 años de vigencia, se ha convertido en un “cuello de botella” que limita la atracción de inversiones y la eficiencia en los procesos.

Los representantes de Camiperd señalaron que la falta de coordinación entre instituciones genera duplicidades, incertidumbre jurídica y largos tiempos de respuesta.

Argumentaron que existe una desconexión entre la Ley Minera de 1971 y la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Propuesta de fortalecimiento institucional

Valerio destacó que la nueva ley debería enfocarse exclusivamente en la minería, separando las disposiciones medioambientales.

Esto, según él, fortalecería la institucionalidad y mejoraría la eficiencia administrativa.

Esteva también mencionó que la minería contribuyó con 1,900 millones de dólares en 2025 y se espera que esta cifra alcance los 5,400 millones para 2036.

Sin embargo, las solicitudes de exploración pueden tardar más de 600 días, lo que evidencia la necesidad de establecer reglas claras y plazos definidos.

El gremio propuso que el 5% de los ingresos mineros se transfiera directamente a las comunidades.

Esto evitaría la potestad administrativa del gobierno en la asignación de esos recursos, asegurando su impacto en obras esenciales como carreteras y vivienda.

Relación con las comunidades y diversificación económica

Los empresarios reconocieron que mejorar la comunicación con las comunidades es un reto importante. Aunque las empresas generan empleos y programas sociales, la población demanda beneficios más visibles y sostenidos.

Esteva enfatizó que el bienestar de la minería debe reflejarse en el dinero que reciben las comunidades, no solo en obras de responsabilidad social.

Además, subrayó que el país forma parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.

En cuanto a las exportaciones, Esteva mencionó que Haití fue el principal socio comercial de la República Dominicana en marzo, con un volumen de exportaciones de 129 millones de dólares.

La minería representó el 19% de las exportaciones, destacando su relevancia en la economía nacional.

Camiperd concluyó que la actualización de la ley es fundamental para equilibrar el crecimiento económico, la sostenibilidad y el bienestar social, integrando la minería en una estrategia nacional junto a otros sectores como el turismo y la agricultura.