La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso este jueves que la modernización de la ley Minera incluya mecanismos de gobernanza para la administración y supervisión del 5 % de los beneficios netos que reciben los municipios donde operan proyectos extractivos. La entidad busca que la reforma legal no solo reconozca esos recursos, sino que establezca reglas claras para su ejecución y fiscalización.
Camipe sugiere que los fondos se destinen a áreas como infraestructura vial, agua potable, saneamiento, salud, educación, capacitación técnica y desarrollo productivo local. Esto tiene como objetivo que la actividad minera impacte de manera tangible en la calidad de vida de las comunidades afectadas.
Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, afirmó: «El 5 % ya existe como principio de compensación territorial. Lo que necesitamos ahora es que la ley establezca una gobernanza clara para que esos recursos no se diluyan, sino que lleguen a obras prioritarias, auditables y verificables por las comunidades».
Propuesta de gobernanza
La propuesta incluye la creación de un modelo basado en planificación municipal, participación comunitaria, auditorías independientes y publicación periódica de resultados. Estos mecanismos buscan evitar que los recursos sean absorbidos por gastos corrientes o decisiones discrecionales.
Camipe también destacó que el sector minero representa más del 50 % de las exportaciones nacionales y aporta más de 45,000 millones de pesos anuales en ingresos fiscales. Sin embargo, la organización sostiene que el crecimiento económico del sector debe traducirse en mejoras concretas para los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva.
Entre las prioridades mencionadas se encuentran proyectos de agua potable y saneamiento, rehabilitación de caminos vecinales y carreteras secundarias, así como el fortalecimiento de centros educativos y de salud. También se proponen iniciativas ambientales relacionadas con reforestación y manejo de cuencas.
Actualización de la legislación
Camipe considera que actualizar la legislación minera, vigente desde 1971, permitiría alinear el sector con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la Meta RD 2036, que buscan un crecimiento económico sostenible y la reducción de brechas territoriales.
Roberto Despradel, CEO de Despradel & Asociados, indicó que la inversión extranjera en el sector minero superó los 260 millones de dólares el año pasado, según datos del Banco Central. Un marco jurídico actualizado, según Despradel, contribuiría a fortalecer la confianza y la sostenibilidad de las inversiones en el país.
