La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados de la República Dominicana analizó dos proyectos de ley para regular los activos digitales y las criptomonedas, en una reunión que contó con la participación de expertos del sector financiero y tecnológico. Las iniciativas corresponden a un proyecto sobre activos digitales presentado por el diputado Jorge Frías y otro de prevención y regulación de criptomonedas, propuesto por el diputado Carlos de Pérez Juan.

El encuentro se llevó a cabo en el salón Juan Pablo Duarte, donde especialistas discutieron el crecimiento de los activos digitales y los desafíos regulatorios que enfrenta el país. Se destacó la importancia de establecer un marco legal que impacte positivamente en el sistema económico nacional.

El gerente general de FINLABS, José Frank Almeyda Pastor, subrayó que las propuestas buscan adaptarse a una realidad global caracterizada por el aumento del uso de activos digitales. Almeyda recomendó unificar ambas iniciativas en un solo proyecto y realizar una consulta pública de 60 días, además de coordinar con el Banco Central.

Almeyda también mencionó que el país ha visto un crecimiento en el número de usuarios de activos digitales, a pesar de la falta de una regulación específica que rija estas operaciones. Por su parte, el diputado Carlos de Pérez sugirió ampliar el proceso de consultas para incluir a expertos y representantes de plataformas de criptomonedas, así como a economistas y ejecutivos de instituciones relevantes.

Durante la reunión, se discutieron los riesgos asociados a los activos digitales. La diputada Idenia Doñé enfatizó la necesidad de profundizar en este tema, mientras que los especialistas advirtieron que la falta de regulación es un factor de vulnerabilidad para los usuarios.

El presidente de la comisión, Francisco Javier Paulino, calificó el encuentro como productivo y aseguró que los legisladores seguirán evaluando las propuestas para determinar el modelo regulatorio más adecuado para el país. La comisión también resaltó la importancia de mantener un diálogo constante con actores del sector financiero y tecnológico para que la legislación sea pertinente y efectiva.