La Cámara de Diputados analiza una propuesta de ley que busca cancelar automáticamente las fichas de antecedentes penales de aquellas personas que hayan cumplido completamente su condena, un mes después de extinguirla, sin requerir trámites adicionales. Esta iniciativa, presentada por el diputado Miguel Arredondo, también contempla la emisión gratuita de un certificado de no antecedentes penales para fines laborales y educativos.

La propuesta establece que la eliminación de los antecedentes penales será obligatoria para todas las instituciones públicas que gestionen registros relacionados con estos, y deberá llevarse a cabo de manera automática tras el cumplimiento total de la pena. Además, se requiere que las instituciones actualicen sus sistemas para facilitar este proceso y coordinen el intercambio de información entre organismos públicos.

Antes de proceder con la cancelación, la autoridad competente deberá confirmar que la persona ha cumplido con la condena y que no tiene procesos penales pendientes. La iniciativa se aplica a todas las personas condenadas en la República Dominicana que hayan completado la pena principal y las penas accesorias impuestas por decisiones irrevocables.

El proyecto no hace distinciones entre tipos de delitos ni establece excepciones, garantizando la cancelación automática de antecedentes penales para quienes cumplan con las condiciones estipuladas. Esto incluye tanto infracciones menores como delitos graves.

El procedimiento se diseñó para que el beneficiario no necesite presentar solicitudes especiales ni contratar abogados, eliminando así barreras administrativas. La cancelación de antecedentes y la obtención del certificado de buena conducta serán completamente gratuitas.

Una vez que se complete el proceso, el ciudadano será notificado sobre la actualización de su situación registral a través de medios físicos o electrónicos. En la justificación del proyecto, se argumenta que mantener antecedentes penales tras el cumplimiento de la condena dificulta la reinserción social, limitando el acceso a empleos y oportunidades de desarrollo.

El documento enfatiza que el sistema de justicia penal debe no solo sancionar, sino también facilitar la rehabilitación y readaptación social de quienes ya han cumplido sus penas.