En la República Dominicana, la Cámara de Cuentas, el organismo responsable de supervisar el uso de los recursos públicos, opera bajo un modelo que suscita cuestionamientos.

Para emitir un informe veraz, se requiere un consenso entre sus cinco miembros, lo que plantea la interrogante: ¿por qué los números necesitan ser consensuados?

Este enfoque parece contradictorio, ya que la función principal de la Cámara de Cuentas es técnica, enfocándose en auditar y verificar hechos, no en sancionar.

El modelo colegiado tiene sentido en contextos donde se requiere deliberación y debate, pero en el caso de la auditoría, la necesidad de consenso puede entorpecer el proceso.

Los números, por su naturaleza, son fríos y objetivos; no deberían estar sujetos a negociaciones.

Al someter los resultados a votación, en lugar de fortalecerlos, se corre el riesgo de distorsionarlos, lo que puede afectar la credibilidad de la institución.

En un contexto donde los escándalos de corrupción son recurrentes, la lentitud del control externo se convierte en un problema crítico.

Los informes de la Cámara de Cuentas no son meramente decorativos; poseen efectos vinculantes en el ámbito judicial, sirviendo como base para acusaciones y procesos penales.

Si un informe no se emite a tiempo, se retrasa el inicio de la justicia, lo que pone en evidencia la ineficiencia del modelo actual.

Implicaciones del modelo actual

El sistema actual no solo es ineficiente, sino que se vuelve vulnerable a la falta de alineación entre los miembros.

Si una mayoría no coincide por razones técnicas o políticas, los informes pueden retrasarse o no publicarse.

Este escenario genera un ciclo de impunidad que se alimenta de la burocracia, dejando sin respuesta a los casos de corrupción que emergen constantemente.

Además, la situación se complica con intentos de aumentar los salarios y beneficios de los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que erosiona aún más su credibilidad.

Mientras tanto, los escándalos proliferan y las respuestas institucionales llegan con retraso o, en ocasiones, no llegan en absoluto.

La pregunta que surge es cuán perjudicial puede ser este modelo antes de que se considere una alternativa viable.

Propuesta de un Auditor General del Estado

Una posible solución sería la creación de un Auditor General del Estado, un modelo unipersonal, técnico e independiente que elimine la necesidad de consenso.

Este nuevo enfoque permitiría actuar con rapidez y precisión, ya que un Auditor General no sometería las cifras a votación.

Su responsabilidad sería clara: auditar, concluir y reportar de manera oportuna.

Los beneficios de esta propuesta son evidentes, incluyendo una mayor celeridad en los procesos, menos burocracia y la eliminación de bloqueos internos.

En un sistema donde el tiempo es crucial para la justicia, la rapidez se convierte en una obligación.

La República Dominicana necesita instituciones que puedan proporcionar la verdad sin demoras, ya que cuando auditar requiere permiso, el proceso mismo está fallando.