El sonido de los «cantinazos» en los balcones y patios de diversas comunidades ha resonado con fuerza en el Palacio Nacional, llevando al presidente Luis Abinader a reconocer la necesidad de atender los reclamos ciudadanos. Esta reacción del mandatario refleja que la indignación popular no puede ser ignorada, y ha reactivado su discurso de «gobierno abierto que escucha», atribuyendo el descontento a la crisis internacional que afecta la economía familiar.

Sin embargo, persiste la duda sobre si esta respuesta es un signo de genuina empatía o un temor al costo político de las protestas. Las cacerolas vacías no solo exigen soluciones al alto costo de la vida, sino que también protestan contra la represión policial que afecta al país.

Realidad en las calles

A pesar de que el Gobierno promueve la paz social, la situación en las calles es diferente. La Policía Nacional ha sido criticada por convertirse en un cuerpo represivo, responsable de la muerte de jóvenes en nombre de una «paz» que no se materializa en los hogares dominicanos.

Un caso reciente y trágico ocurrió en El Seibo, donde el joven Alexander Taveras Montero perdió la vida en una supuesta persecución policial. Este incidente ha generado un llamado urgente a la acción, ya que la población está cansada de discursos vacíos cada vez que un oficial comete un error fatal.

En el país, las balas parecen no alcanzar a los verdaderos delincuentes, sino que impactan a ciudadanos inocentes en situaciones triviales. Esta realidad ha llevado a cuestionar la efectividad de la gestión de Abinader desde el interior del mismo Gobierno.

Demandas de acción

Si el presidente desea preservar lo que queda de su mandato y evitar una posible «Ley Mordaza» o un estallido social mayor, es imperativo que actúe con decisión. Los sonidos de las cacerolas han cumplido su propósito de alertar al jefe de Estado.

Ahora, corresponde a Abinader demostrar que realmente está escuchando al pueblo, implementando acciones concretas y destituyendo a los incompetentes en su administración.