El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inicia este lunes su segundo año de mandato con una alta popularidad, respaldada por sus políticas de seguridad, aunque enfrenta críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y una economía que preocupa a sus ciudadanos. Bukele asume el período 2024-2029 tras una reforma constitucional que adelantó las elecciones presidenciales a 2027 y permitió la reelección indefinida.
A pesar de no haber confirmado su candidatura para los comicios de febrero de 2027, Bukele expresó en 2025 su deseo de continuar en el poder, mencionando que «si fuera por mí, yo sigo diez años más». Su popularidad se ha mantenido estable durante sus siete años en el cargo, principalmente gracias a la reducción de homicidios y la implementación de un régimen de excepción que ha suspendido garantías constitucionales.
Desde su llegada al poder en 2019, Bukele ha logrado disminuir los homicidios a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025, tras un periodo de violencia extrema en el país. En marzo de 2022, tras una ola de homicidios, implementó el régimen de excepción, que ha sido renovado 51 veces, resultando en la detención de más de 92,000 personas, incluyendo a 8,000 inocentes, según sus propias declaraciones.
Una encuesta de La Prensa Gráfica publicada en febrero indica que la aprobación de Bukele alcanzó el 91.9% a finales de 2025, un aumento significativo respecto al 85.2% de mediados de año. Sin embargo, este contexto de popularidad se ve empañado por más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas.
La experta en derechos humanos Celia Medrano advirtió que las violaciones a derechos humanos se han convertido en una política de Estado en El Salvador. Además, cuestionó las cifras oficiales sobre homicidios, señalando que solo en el primer trimestre de 2026 se encontraron 35 cadáveres, de los cuales al menos 10 mostraban signos de muerte violenta, pero solo 5 fueron reportados oficialmente.
La situación económica también se ha convertido en una preocupación principal para los salvadoreños, superando incluso a la seguridad. El economista César Villalona destacó que la economía no ha mejorado, reflejado en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1,400 millones de dólares, lo que indica problemas en las finanzas públicas. A pesar de un crecimiento del 3.9% el año pasado, los servicios como educación y salud han sufrido un deterioro significativo.
La deuda estatal ha aumentado en 14,500 millones de dólares bajo su administración, lo que ha llevado a Villalona a concluir que no hay una mejora social, sino un gran endeudamiento público. Con este panorama, Bukele enfrenta un desafío considerable en su último año de mandato, donde la economía y los derechos humanos son temas críticos para la población salvadoreña.
