Brasil se ha convertido en un foco de confrontación entre el gobierno y las grandes empresas tecnológicas, como Google y Meta, debido a las nuevas regulaciones impulsadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal (STF). Estas medidas buscan aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales en la eliminación de contenidos ilegales y la protección de los menores, generando tensiones tanto a nivel local como internacional, especialmente con Estados Unidos.
La disputa se intensificó tras la declaración de inconstitucionalidad parcial del artículo 19 del Marco Civil de Internet en junio de 2025, que limitaba la responsabilidad de las plataformas por contenidos publicados por terceros. El STF estableció nuevas condiciones de responsabilidad, obligando a las empresas a implementar mecanismos preventivos contra delitos como la explotación sexual infantil y la violencia de género.
Medidas y reacciones
El 17 de junio de 2026, el STF confirmó criterios para responsabilizar a las empresas por publicaciones ilícitas, estableciendo un plazo de 60 días para la implementación de estas medidas. Entre las obligaciones se incluye mantener representantes legales en Brasil y asegurar la protección de derechos fundamentales.
El 20 de mayo de 2026, Lula firmó dos decretos que refuerzan la supervisión de las plataformas digitales, estableciendo mecanismos para denunciar contenidos delictivos y conservar información que facilite la identificación de responsables. Estas disposiciones han sido criticadas por la Cámara Brasileña de la Economía Digital, que agrupa a empresas como Meta y Google, argumentando que podrían llevar a la eliminación preventiva de publicaciones legítimas.
La controversia también ha impactado las elecciones presidenciales de octubre de 2026, donde el Tribunal Superior Electoral multó a Facebook con 7.5 millones de reales por incumplir órdenes judiciales relacionadas con la campaña de Lula. Aunque el tribunal no encontró pruebas de manipulación deliberada, la decisión refleja la creciente tensión entre el gobierno y las plataformas digitales.
Investigaciones y regulaciones
En abril de 2026, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) inició una investigación sobre Google por el uso de contenidos periodísticos sin compensación adecuada. Este análisis se vuelve relevante en el contexto de la inteligencia artificial generativa, que permite a los buscadores ofrecer respuestas directas a los usuarios.
Además, en enero de 2026, el CADE abrió una investigación contra Meta por posibles abusos de posición dominante en el acceso a WhatsApp. Las autoridades también están revisando operaciones entre Microsoft e Inflection AI, así como acuerdos relacionados con Google y otras empresas de inteligencia artificial.
El 17 de marzo de 2026, Brasil implementó el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, que establece obligaciones para plataformas accesibles a menores, incluyendo mecanismos de supervisión familiar y restricciones comerciales. Este desafío es significativo, dado que en 2025, el 92 % de los brasileños de entre 9 y 17 años tenía acceso a internet.
Las tensiones entre Brasil y Estados Unidos también se han intensificado, ya que la administración de Donald Trump ha criticado las regulaciones digitales que afectan a las empresas estadounidenses. A su vez, Brasil defiende su derecho a aplicar sus leyes a las empresas que operan en su territorio, lo que ha generado un debate sobre las facultades presidenciales y la necesidad de nuevas leyes del Congreso.
El desenlace de estas controversias definirá las obligaciones legales y comerciales de las grandes tecnológicas en uno de los mayores mercados digitales de América Latina, así como el alcance de las instituciones brasileñas para supervisar a estas compañías.
