El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que permitirá una mayor participación de las Fuerzas Armadas en el control de protestas y bloqueos de carreteras que han paralizado gran parte del país durante más de seis semanas. Esta medida se produce en un contexto de creciente conflictividad social, impulsada por organizaciones sindicales y campesinas que exigen la renuncia del mandatario.

Las movilizaciones han resultado en al menos diez muertes y graves problemas de abastecimiento en varias regiones del altiplano boliviano. Paz, quien lleva siete meses en la Presidencia, enfrenta una fuerte presión de sectores sociales que han advertido sobre la intensificación de las protestas y han descartado cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno.

Continuidad de las protestas

La Federación de Campesinos Tupac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB) han ratificado la continuidad de los bloqueos hasta lograr la salida del mandatario. Los manifestantes argumentan que el Gobierno los ha excluido de las decisiones políticas, a pesar de haber respaldado su victoria electoral en 2025.

Además, rechazan las reformas económicas impulsadas por la administración de Paz, alegando que podrían llevar a privatizaciones de empresas estatales y aumentos en las tarifas de servicios básicos. Sin embargo, el Ejecutivo ha negado estas acusaciones.

El conflicto se ha intensificado con la participación de seguidores del expresidente Evo Morales, a quienes el Gobierno acusa de financiar las movilizaciones. Las autoridades sostienen que Morales busca evitar su captura en un proceso judicial por trata agravada relacionado con una presunta relación con una menor de edad durante su gestión, acusaciones que él rechaza.

Impacto de la crisis

En medio de la crisis, renunciaron los ministros de Trabajo, Educación y Defensa, este último cargo asumido por Ernesto Justiniano, quien era jefe antidrogas del país. Durante mayo, las autoridades realizaron operativos policiales y militares para habilitar corredores humanitarios, pero estas intervenciones resultaron en enfrentamientos y disturbios.

La situación se repitió el pasado sábado en el municipio de San Julián, donde un intento de desbloqueo dejó seis policías heridos, cuatro de ellos por impactos de bala. Las fuerzas de seguridad se replegaron ante la resistencia de los manifestantes.

Las protestas han dejado un saldo de al menos diez fallecidos, de los cuales siete no pudieron recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos. La crisis ha profundizado los problemas económicos que enfrenta Bolivia desde 2023, con pérdidas acumuladas por los bloqueos que superan los 2.100 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Industrias.

Los seguidores de Morales han anunciado la llegada de nuevos grupos para reforzar el cerco sobre La Paz, mientras que los transportistas han iniciado una huelga indefinida para exigir soluciones a la escasez de combustibles. La COB también denunció la detención de cinco de sus dirigentes sindicales, calificando el procedimiento como una “aprehensión ilegal”.

La organización afirmó que los sindicalistas fueron interceptados por individuos encapuchados y armados, quienes presuntamente utilizaron gas lacrimógeno para obligarlos a abandonar el vehículo en el que se desplazaban. La COB ha exigido la liberación inmediata de los detenidos y ha solicitado la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y laborales para investigar el caso.