Bolivia enfrenta una crisis social creciente tras un mes de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Estas protestas han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del país, exacerbando la crisis económica que afecta a los bolivianos desde 2023, caracterizada por la escasez de divisas y la inflación.

Los bloqueos, que comenzaron el 6 de mayo, son liderados por la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al exmandatario Evo Morales. Estos sectores afirman que su única demanda es la renuncia de Paz, acusando al Gobierno de marginarlos de las decisiones gubernamentales y de intentar privatizar servicios básicos.

Las protestas han afectado inicialmente a las ciudades de La Paz y El Alto, pero se han extendido a ocho de las nueve regiones del país, con al menos un centenar de puntos de bloqueo. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha reportado pérdidas económicas que ascienden a unos 2.100 millones de dólares, afectando a empresarios y trabajadores independientes.

El sector turístico también ha sufrido daños significativos, con perjuicios estimados en 1.230 millones de dólares y un deterioro de la imagen del país, según el Ministerio de Turismo. Además, los bloqueos han resultado en la muerte de siete personas que no pudieron recibir atención médica a tiempo y de otras tres durante las protestas.

Los Gobiernos que conforman el Escudo de Las Américas, promovido por EE.UU., han expresado su apoyo a Paz, denunciando un intento de derrocar su Gobierno mediante protestas financiadas con «dinero ilícito proveniente del narcotráfico». Bolivia ha recibido apoyo humanitario de Estados Unidos, Perú y Chile, mientras que Argentina envió aviones de carga para reforzar el transporte de alimentos.

El Gobierno de Paz también expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, que fueron vistas como una injerencia. La Policía y el Ejército intentaron sin éxito habilitar un «corredor humanitario» en operativos que resultaron en enfrentamientos con los manifestantes.

A pesar de los intentos de mediación por parte del Parlamento, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, el diálogo no ha prosperado debido a la negativa de los sectores movilizados. Recientemente, los campesinos aimaras del altiplano de La Paz dieron un ultimátum a Paz para que renuncie, mientras el presidente reafirmó su disposición al diálogo.

La posibilidad de declarar un estado de excepción surgió tras los enfrentamientos con la Policía y saqueos en La Paz. El Parlamento derogó una ley que limitaba la actuación de las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna, y el Ejecutivo envió un proyecto para reforzar las atribuciones de las fuerzas de seguridad, que ya fue aprobado por el Senado.

Paz ha manifestado que utilizará todos los recursos constitucionales para resolver el conflicto, aunque subrayó que priorizará el diálogo como vía de solución.