MADRID.– La defensa de Begoña Gómez ha solicitado la anulación de su procesamiento y la reapertura del caso en el que se le investiga por cuatro presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias y corrupción.
Este recurso fue presentado ante la Audiencia de Madrid y argumenta que la decisión judicial vulnera su derecho a la defensa.
La solicitud se produce tras la petición de la acusación popular, que ha solicitado hasta 24 años de prisión.
El magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha cerrado la instrucción del caso, es el encargado de evaluar la situación.
La defensa considera que el cierre de la instrucción fue un paso precipitado que limita las garantías procesales.
El juez había acordado procesar a Gómez por varios delitos, incluyendo malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Detalles del Caso
La causa se inició en abril de 2024 tras una denuncia de la organización Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas.
Desde entonces, el caso ha cobrado relevancia en el ámbito político español.
El magistrado sostiene que hay indicios de que Gómez utilizó su influencia para obtener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
También se le acusa de captar fondos privados de manera irregular.
En cuanto a la malversación, el juez propone juzgar a su asesora, Cristina Álvarez, por el uso indebido de recursos públicos.
Además, se le imputa apropiación indebida por el registro de un software desarrollado en el entorno universitario.
Reacción de la Defensa
El escrito de la defensa cuestiona el cierre de la instrucción sin permitir nuevas pruebas ni esperar la resolución de recursos pendientes.
Consideran que esto representa una clara vulneración del derecho de defensa.
Asimismo, critican la decisión de llevar el caso a un tribunal con jurado popular, argumentando que no hay fundamentos sólidos para ello.
La defensa sostiene que el juez ha forzado la interpretación de los tipos penales para encajar los hechos en el proceso.
Ahora, el futuro del caso dependerá de la respuesta de la Audiencia de Madrid, que deberá decidir si admite la reapertura solicitada o si se avanza hacia un juicio oral.
