Las autoridades han comenzado operativos para controlar el tránsito de motocicletas en el país, buscando retirar de las calles a motociclistas que circulan sin licencia, matrícula, seguro y, en muchos casos, sin casco protector. Esta medida, aunque no es nueva, se vuelve necesaria ante la creciente preocupación por la seguridad pública debido a la conducta irresponsable de algunos motoristas. La situación ha alcanzado niveles alarmantes, lo que ha llevado a la Policía y otros organismos a actuar.

Los operativos responden a la alarmante tasa de mortalidad por accidentes de motocicletas. En 2025, el 59.3% de las muertes por accidentes de tránsito correspondió a motociclistas, lo que se traduce en 949 vidas perdidas. Históricamente, entre el 68% y el 75%% de las víctimas fatales en estos accidentes han sido conductores o pasajeros de motocicletas.

En la actualidad, hay aproximadamente 3.8 millones de motocicletas registradas en el país, lo que representa el 57.9% del parque vehicular nacional. Según un análisis del periódico El Dinero, existe casi una motocicleta por cada dos adultos en el país, lo que resalta la importancia de este medio de transporte en la vida diaria de los dominicanos.

Sin embargo, el problema radica en el uso irresponsable que muchos conductores hacen de las motocicletas. Es común ver motociclistas circulando en vía contraria, ignorando semáforos en rojo y trasladando familias enteras sin protección. Estas conductas irresponsables contribuyen a un aumento en los accidentes y sus consecuencias son devastadoras.

Los hombres entre 15 y 29 años representan dos tercios de las víctimas de accidentes en motocicleta, lo que indica que el país está perdiendo a jóvenes en la etapa más productiva de sus vidas. Cada fatalidad no solo es una tragedia familiar, sino también una pérdida económica y social significativa para la nación.

Ante esta situación, es crucial evaluar el papel de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), que depende del INTRANT y se encarga de la formación de conductores. Las autoridades deben determinar si esta institución está cumpliendo su misión educativa y si sus programas están generando cambios reales en el comportamiento de los motoristas.

La educación vial es fundamental para abordar el problema, pero se requiere un enfoque más riguroso que las charlas ocasionales o cursos breves. La magnitud de la crisis demanda un programa intensivo de formación con una duración mínima de seis meses, similar a los programas de inmersión para aprender idiomas. Solo quienes completen satisfactoriamente este proceso deberían tener derecho a presentarse a los exámenes para obtener una licencia de conducir motocicletas.

Las carreteras y calles no pueden seguir siendo escenarios de una guerra cotidiana que cobra miles de vidas cada año. El respeto a las normas de tránsito es esencial para preservar vidas, y es necesario formar ciudadanos responsables. Cada motocicleta mal conducida representa una amenaza para la vida de su conductor y la de los demás.