La cifra de muertes en las cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción ha alcanzado al menos 547, según la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Este régimen, vigente desde marzo de 2022, fue implementado como una medida contra las pandillas. La ONG alertó sobre la crisis de derechos humanos que esto representa.

La SJH destacó que el 94 % de las personas fallecidas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la custodia del Estado. La organización también advirtió que la cifra real de muertes podría ser superior a 1,000, debido a un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos.

Las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a más de 92,480 detenidos bajo este régimen, muchos de los cuales no tienen condenas. Poca información se tiene sobre la cárcel del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

Un informe del SJH, publicado a finales de enero, indica que la violencia física es la principal causa de muerte en las prisiones, representando cerca del 32 % de los casos reportados. Hasta ahora, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no ha emitido comentarios sobre la situación.

El régimen de excepción fue aprobado tras un aumento de asesinatos por parte de pandilleros y suspende garantías constitucionales. Esta medida ha generado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y es considerada la principal estrategia del Gobierno para combatir la violencia de las maras.

A pesar de los llamados de organizaciones de derechos humanos para terminar con esta implementación, el régimen sigue vigente y cuenta con el respaldo de aproximadamente 85 % de la población.