El astreinte se ha convertido en el principal obstáculo para la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, a pesar de que la comisión de Trabajo ya concluyó el estudio de la pieza y presentó un informe favorable. Tras meses de debates entre empresarios, sindicalistas y legisladores, se esperaba que el informe fuera conocido por el pleno, pero el proyecto ha permanecido fuera de agenda por varias semanas debido a diferencias en torno a algunos puntos de la normativa.

Aunque recientemente se incluyó el tema en la agenda legislativa, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, solicitó devolver el informe a la comisión para realizar ajustes. El vicepresidente de la comisión de Trabajo, Jacobo Ramos, aseguró que no se introducirán modificaciones de fondo al proyecto, sino que se realizará una revisión para evitar contratiempos al someterlo ante el pleno.

Preocupaciones y acuerdos

Ramos, quien también es presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), destacó que están tomando en cuenta las preocupaciones necesarias para evitar conflictos con los empresarios, quienes buscan eliminar la cesantía. “Hemos tratado de ser lo más cuidadosos posible dentro de la comisión”, afirmó, para evitar quejas que puedan entorpecer la aprobación del proyecto.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, informó que se acordó fijar un plazo máximo de un año y medio para los litigios laborales en los tribunales. Esta medida busca prevenir que los empleadores acumulen multas excesivas por retrasos en el pago de prestaciones laborales mientras los procesos judiciales están abiertos.

Abreu aclaró que, aunque están de acuerdo en establecer un tope al astreinte, esto no implica que se iguale con la cesantía. Este plazo de 18 meses se incluirá en un párrafo adicional, lo que, según él, no perjudica a ningún sector y permite una solución beneficiosa para ambas partes.

Conflictos persistentes

El diputado del partido Fuerza del Pueblo, José David Báez, reconoció que el astreinte sigue siendo el principal punto de conflicto en las discusiones, debido a las diferencias sobre las multas aplicadas durante los procesos judiciales laborales. El astreinte, establecido en el artículo 86 del Código de Trabajo, es una penalidad económica que debe pagar el empleador si no entrega a tiempo las prestaciones laborales al trabajador despedido.

El artículo estipula que la empresa tiene un plazo de 10 días para pagar el preaviso y el auxilio de cesantía desde la terminación del contrato. Si no cumple, debe pagar una suma equivalente a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retraso.

La discusión sobre este punto ha mantenido la reforma laboral atrapada en nuevas revisiones y negociaciones, retrasando su eventual aprobación en el Congreso Nacional. Los comisionados tienen programada una reunión este próximo lunes, en la que participará Pacheco.