La apertura comercial del arroz dominicano frente al DR-CAFTA plantea desafíos significativos para los productores locales, quienes buscan soluciones efectivas para competir en un mercado cada vez más globalizado. La discusión no debe limitarse a elegir entre proteger a los agricultores nacionales o beneficiar a los consumidores, sino que debe garantizar alimentos accesibles y condiciones que permitan a la producción local ser eficiente y sostenible.

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA, implica compromisos de apertura gradual en productos agropecuarios sensibles, siendo el arroz uno de los más importantes por su relevancia alimentaria y económica. La eliminación arancelaria para este producto está programada para 2025, aunque el entorno regulatorio ha cambiado, lo que requiere una revisión exhaustiva de las disposiciones actuales y los mecanismos administrativos aplicables.

La producción nacional de arroz se estima en alrededor de 14.8 millones de quintales para 2025, con cerca de 3.0 millones de tareas sembradas. Este sector agrupa a más de 30,000 productores y genera más de 80,000 empleos directos, lo que lo convierte en un pilar fundamental para el abastecimiento y el empleo rural. Sin embargo, es necesario mejorar los registros sobre costos y rendimientos para una mejor toma de decisiones.

La competencia con el arroz importado podría beneficiar a los consumidores si se traduce en precios más bajos, pero los costos de transporte, seguros y otros cargos pueden afectar el precio final en el mercado. Por lo tanto, la política pública debe enfocarse en medir el precio real que paga el consumidor y no asumir que la apertura comercial automáticamente lo abarata.

Los productores dominicanos enfrentan desigualdades en tecnología, acceso al crédito y calidad de insumos. Es crucial clasificar a los productores en grupos según su capacidad de competir, brindando apoyo a aquellos que pueden mejorar su productividad y ofreciendo planes específicos a quienes necesitan asistencia para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Para aquellos productores que no pueden continuar con el cultivo de arroz, se deben evaluar alternativas viables, como la migración a otros cultivos, mediante capacitación y acceso a financiamiento. El Estado debe implementar medidas temporales para evitar que la transición resulte en pobreza o pérdida de activos, asegurando un acompañamiento adecuado durante el proceso.

Estrategia de transición

La implementación de una estrategia coordinada es esencial, con un presupuesto plurianual y responsabilidades claras entre las entidades involucradas. Es necesario establecer un registro que recoja información detallada sobre cada productor, lo que permitirá una mejor planificación y ejecución de políticas públicas.

El empleo agrícola también debe ser una prioridad, garantizando condiciones laborales adecuadas y evitando la informalidad. La competitividad del sector no puede depender de la precariedad de los trabajadores, sino de una organización que cumpla con las normativas laborales.

Se propone un programa nacional de transición competitiva del arroz con un horizonte de cinco años, que incluya diagnósticos de costos y rendimientos, así como planes de mejora y reconversión. El éxito de esta estrategia debe medirse por indicadores concretos, como el rendimiento por tarea y el ingreso neto del productor.

La República Dominicana debe adoptar una visión moderna de seguridad alimentaria, combinando producción eficiente, comercio diversificado y protección al consumidor. La apertura comercial no debe ser una excusa para desatender a los productores, sino una oportunidad para modernizar el sector y asegurar la estabilidad económica de todos los involucrados.