El gobierno argentino lanzó este lunes un plan de retiros voluntarios con el objetivo de eliminar 20,000 puestos de trabajo en la administración pública, sumándose a los más de 77,000 eliminados durante la presidencia de Javier Milei. Este plan, que comenzará el 1 de noviembre y tendrá una duración de un mes, busca «una adecuada y eficiente asignación de los recursos públicos», según un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó en X que el gobierno continúa buscando maneras de reducir el gasto público para disminuir impuestos. El programa ofrece diferentes planes de pago y montos basados en la edad y antigüedad de los empleados, además de incluir una cláusula que prohíbe el regreso a la administración pública durante ocho años.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado una marcha en protesta contra este plan de retiros. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, expresó en X que «no es retiro voluntario, es despido extorsivo» y manifestó un rechazo total al decreto.

El empleo público ha sido uno de los sectores más afectados por la política de «motosierra» implementada por Milei en relación al gasto estatal. A pesar de esto, Sturzenegger defiende la creación de unos 400,000 empleos, aunque esta cifra incluye el empleo informal y trabajadores por cuenta propia.

En los últimos tres años, la informalidad laboral en Argentina ha aumentado tres puntos, alcanzando alrededor del 45%. Este contexto laboral plantea desafíos significativos para el gobierno en su intento de equilibrar las cuentas públicas.