El juicio de fondo contra los imputados por la presunta estafa inmobiliaria del proyecto Punta Cana Macao fue aplazado nuevamente en Higüey debido a incidentes procesales planteados por la defensa. Este caso es considerado uno de los mayores fraudes inmobiliarios en la República Dominicana, afectando a más de 1,400 inversionistas que invirtieron en un proyecto que nunca se construyó.

La Constructora Espinal Gautreaux y otras empresas están involucradas en el caso, que incluye la venta de aproximadamente 1,200 unidades habitacionales. Las denuncias indican que las propiedades fueron comercializadas con una estructura empresarial que separaba los contratos y pagos, utilizando la imagen de una fiduciaria que nunca se formalizó.

Las víctimas, tanto dominicanas como extranjeras, reportan promesas incumplidas y la venta múltiple de terrenos, con un movimiento bancario que supera los 10 millones de dólares. Fuera del Palacio de Justicia, el inversionista español Manuel Pasquín expresó su frustración, indicando que perdió más de 350,000 dólares tras adquirir dos apartamentos en el proyecto.

Pasquín, quien llegó al país hace cinco años, relató que compró las propiedades en 2020 con la promesa de recibirlas a finales de ese año, lo que nunca sucedió. Además, denunció que los mismos terrenos están siendo comercializados nuevamente bajo otro nombre por la misma compañía.

El abogado Alan Ramírez, representante de varias víctimas, explicó que el aplazamiento del juicio se debió a nuevas incidencias procesales promovidas por la defensa. Indicó que los acusados han utilizado tácticas como recusaciones de jueces y cambios constantes de abogados para retrasar el proceso.

Algunos imputados permanecen en rebeldía, mientras que otro está en prisión por no poder cubrir una garantía económica de 15 millones de pesos. Ramírez espera que el juicio se conozca en la próxima audiencia, programada para el 3 de agosto.

Otro abogado de las víctimas cuestionó la falta de intervención del Estado ante la promoción de nuevos proyectos inmobiliarios vinculados a los mismos responsables. Hizo un llamado a las autoridades competentes para fortalecer los controles sobre los desarrollos inmobiliarios y proteger a futuros inversionistas.

Las víctimas consideran que este caso resalta la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el sector inmobiliario dominicano, para salvaguardar a los inversionistas que confían en el país.