El Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago aplazó para el 19 de enero de 2027 la audiencia preliminar contra 11 agentes de la Policía Nacional, acusados de participar en la muerte de cinco hombres en una peluquería del sector La Barranquita.

El juez tomó esta decisión debido a que varias partes involucradas en el proceso no habían recibido la notificación de la acusación presentada por el Ministerio Público. Juan Carlos Báez Peralta, abogado de algunos de los imputados, indicó que esta situación dificulta la preparación de sus escritos de defensa dentro de los plazos establecidos.

El abogado también mencionó que durante la audiencia se presentará una solicitud de revisión de medidas de coerción por parte de algunas defensas. De los 11 agentes procesados, cuatro se encuentran en prisión preventiva, mientras que los otros siete cumplen medidas cautelares diferentes a la privación de libertad.

Los agentes en prisión preventiva son el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Félix Félix, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación. Los otros siete imputados tienen una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Entre los agentes con medidas cautelares se encuentran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, así como el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez y el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas. También figuran Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, César Augusto Martínez Trinidad y Adrián Miguel Villalona Pineda.

Los policías son señalados por las muertes de Elvis Antonio Martínez Rodríguez, alias Deivito, de 26 años; Julio Alberto Gómez, conocido como «la Tabla», de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro, alias «el Charly o Charli Chasc», de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.

El hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en una plaza comercial de la avenida Olímpica, donde funcionaba la peluquería de Valerio Estévez. Según la acusación del Ministerio Público, los agentes llegaron a la plaza en tres vehículos y dispararon contra las víctimas sin mediar palabras.

Además, se detalla que los imputados sustrajeron los DVR de los negocios en el lugar y varios teléfonos de personas presentes, con el fin de destruir evidencias del proceso. El Ministerio Público calificó el suceso como una «ejecución extrajudicial».