La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) expresó su preocupación por la rápida aprobación en el Senado del proyecto de modificación de la Ley núm. 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin consultar a los actores afectados. César de los Santos, presidente de la entidad, indicó que la iniciativa carece de un estudio técnico-económico que respalde la toma de decisiones sobre un tema crítico para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

De los Santos mencionó que, en el primer cuatrimestre de este año, las autoridades habían alcanzado un «acuerdo verbal» con asociaciones empresariales para consensuar el contenido de la ley. “Apoyamos una ley moderna de residuos sólidos, pero que considere las dificultades de las pequeñas empresas y la equidad fiscal”, agregó.

Oportunidad de diálogo

El proyecto, que ahora será revisado por la Cámara de Diputados, representa una oportunidad para crear una legislación más equilibrada. “Es esencial ampliar la consulta y el diálogo constructivo para lograr una normativa más imparcial y justa”, subrayó De los Santos.

El presidente de Anadive también destacó que el proyecto aprobado por el Senado mantiene inequidades que podrían corregirse mediante el consenso. Explicó que muchos distribuidores de vehículos operan con márgenes de comercialización bajos, entre un 3 % y un 5 %, y que sus ingresos reales provienen de las comisiones por venta, un criterio reconocido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De los Santos calificó como “un pecado original” gravar los ingresos brutos por ventas, argumentando que es ilusorio hacerlo sin considerar el costo de las mercancías. Puso como ejemplo a una empresa que vende RD$100 millones al año, con un costo de mercancía de RD$95 millones, que solo obtiene una utilidad bruta de RD$5 millones.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de evitar la doble tributación, recordando que los vehículos ya pagan entre un 1 % y un 3 % del valor CIF por emisiones de dióxido de carbono, además de los pagos por la recogida de desechos sólidos. Aunque el proyecto reduce algunas contribuciones de la Ley 225-20 original, aún mantiene montos que De los Santos considera excesivos.

Finalmente, enfatizó que las empresas del sector automotriz son grandes contribuyentes que sostienen las finanzas públicas, por lo que es crucial evitar medidas que puedan afectar sus operaciones y el clima de negocios.