La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) denunció que el proceso de revisión física para el traspaso de vehículos se ha convertido en un “dolor de cabeza” para los ciudadanos que deben realizar este trámite ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La situación se ha agravado tras la centralización del servicio y el traslado del centro de inspección hacia la Circunvalación Norte de Santo Domingo, en el municipio de Pedro Brand.

Según Anadive, esta medida ha provocado largas filas, retrasos y congestiones vehiculares, afectando tanto a distribuidores como a contribuyentes. Durante el año 2025, se realizaron unas 225,000 certificaciones de vehículos, cada una con un costo de RD$1,500, lo que representa una recaudación aproximada de RD$300 millones.

Los retrasos impactan directamente a las empresas distribuidoras de vehículos usados, especialmente aquellas que reciben unidades como parte de pago, así como a los ciudadanos en general y a la administración tributaria, que deja de percibir ingresos por traspasos realizados fuera de tiempo. Anadive expresó que “la situación se ha desbordado”, dando la impresión de improvisación.

A pesar de la crítica, la entidad reconoció que el traslado del proceso fue realizado por el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional con el objetivo de transparentar la emisión de la Certificación de Vehículos de Motor para Traspaso de Propiedad. El antiguo sistema fue sustituido por una plataforma digital a través del portal pn.gob.do, donde los usuarios pueden solicitar citas en línea.

No obstante, Anadive sostiene que el nuevo mecanismo ha generado “mayores retrasos, desorganización y costos adicionales”, incluyendo gastos en combustible y traslados innecesarios. Los dealers también enfrentan consecuencias financieras, ya que los retrasos en la documentación impiden recibir pagos de financiamientos bancarios.

Propuestas para mejorar el sistema

Ante esta situación, Anadive informó que tanto las asociaciones empresariales como los contribuyentes han propuesto varias medidas para mejorar el sistema. Entre ellas se incluye realizar inspecciones mediante muestreo estadístico en determinadas marcas y modelos, argumentando que el porcentaje de irregularidades detectadas es extremadamente bajo, inferior al 0.04 %.

También sugirieron que el proceso sea completamente digital, similar al utilizado por la Procuraduría General de la República para emitir certificaciones de no antecedentes penales, y habilitar centros de verificación en distintas regiones del país. Otra sugerencia es aumentar el personal técnico encargado de las labores de fiscalización vehicular para descongestionar el sistema.

Finalmente, Anadive expresó que el sector automotriz y la ciudadanía esperan que las autoridades adopten soluciones viables antes de que la situación “se salga de control”.