Cientos de personas han muerto en prisión y más de 90,000 han sido detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción en El Salvador, según un informe de Amnistía Internacional (AI) que califica estas acciones como «crímenes de lesa humanidad». La denuncia fue presentada el miércoles, en el contexto de la guerra antipandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele.

Desde 2022, Bukele ha gobernado con amplios poderes y un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial. AI documentó «al menos 470 muertes en centros de detención» hasta diciembre pasado, mientras que la oenegé salvadoreña Socorro Jurídico eleva la cifra a 547, advirtiendo que podrían «superar muchas más de mil».

El informe de AI señala que en varios casos se encontraron lesiones que no coinciden con las causas oficiales de muerte, así como indicios de violencia física y negligencia médica. La mayoría de los fallecidos ni siquiera habían sido condenados, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de sus vidas bajo la custodia del Estado.

Ana Piquer, directora regional de AI, destacó que «ninguna de estas muertes ha dado lugar a una investigación efectiva» para identificar a los responsables. Además, relató situaciones de madres que han buscado a sus hijos en cárceles sin saber su paradero y familias que han recibido cuerpos sin vida sin explicaciones convincentes sobre las muertes.

El informe también menciona que más de 90,000 personas fueron capturadas de manera «arbitraria». Las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal son presentadas como parte de un patrón de abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Esta denuncia se suma a la de un grupo de juristas internacionales que en marzo acusó al gobierno de Bukele de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y desapariciones. A pesar de la reducción de la violencia a niveles históricos, la estrategia de Bukele ha sido criticada por la concentración de poder en el Estado.

La controversia en torno a su gobierno se intensificó con la posibilidad de reelección indefinida, que se instauró en 2025, lo que ha generado un debate sobre el futuro de la democracia en El Salvador.