Amnistía Internacional (AI) denunció que, bajo el régimen de excepción en El Salvador, se han documentado «al menos 470 muertes en centros de detención» hasta diciembre pasado. Este informe destaca que más de 90,000 personas han sido detenidas arbitrariamente en el marco de la guerra antipandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele.

El estado de excepción, vigente desde 2022, permite detenciones sin orden judicial y ha otorgado amplios poderes al mandatario, quien busca un tercer mandato en las elecciones de febrero próximo. AI señala que muchas de las muertes registradas presentan lesiones que no coinciden con las causas oficiales o evidencias de violencia física y negligencia médica.

La mayoría de los fallecidos no habían sido condenados y su bienestar dependía del Estado. Ana Piquer, directora regional de AI, afirmó que «ninguna de estas muertes ha dado lugar a una investigación efectiva» para identificar a los responsables.

El informe también revela el sufrimiento de las familias, con madres que han recorrido cárceles sin saber el paradero de sus hijos y personas detenidas sin conocer las razones de su arresto. «Familias que recibieron el cuerpo sin vida de un ser querido sin una explicación convincente sobre su muerte» son parte de esta realidad, añadió Piquer.

AI destaca que las detenciones masivas, las denuncias de tortura, las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal son parte de un patrón de abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Este informe se suma a las acusaciones de juristas internacionales que han denunciado graves violaciones a los derechos humanos en el país.

A pesar de la reducción de la violencia a niveles históricos gracias a la guerra contra las pandillas, la estrategia de Bukele ha sido criticada por la concentración de poderes en el Estado. Esta situación le ha permitido instaurar la reelección indefinida, lo que ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en El Salvador.