El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, propuso que la discusión sobre la cesantía laboral se realice en una futura reforma de la Ley de Seguridad Social y no en el actual proyecto de reforma al Código de Trabajo que se tramita en el Congreso Nacional. Esta postura fue expresada durante la última reunión de la comisión que estudia la reforma laboral, celebrada el pasado 19 de mayo.

Pacheco argumentó que abordar la cesantía en la reforma laboral podría afectar la estabilidad del mercado laboral. «La cesantía no se debe discutir en esta ley, es un tema de la próxima ley de seguridad social», afirmó el legislador, quien ha mantenido una posición coherente sobre este asunto.

El presidente de la Cámara también hizo referencia a la necesidad de preservar las condiciones que han permitido el crecimiento económico del país en las últimas décadas. Aseguró que tanto trabajadores como empleadores han mejorado sus condiciones, incluso bajo el antiguo Código de Trabajo de 1992.

Durante la reunión, Pacheco instó a los miembros de la comisión a mantener un clima de estabilidad que favorezca el desarrollo económico y la armonía entre los distintos sectores. La cesantía, que es una compensación económica para los trabajadores despedidos, ha sido un tema de debate, especialmente por las propuestas de modificación impulsadas por grupos empresariales.

A pesar de las presiones, el Congreso ha mantenido el beneficio de la cesantía intacto, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo en la reforma laboral. Este proyecto lleva más de un año en discusión en ambas cámaras del Congreso, y su aprobación parece cercana, ya que solo falta una segunda lectura en la Cámara de Diputados y una aprobación final en el Senado.

La semana pasada, el proyecto estuvo en agenda para su segunda aprobación, pero la discusión no se formalizó debido a un vacío en la modificación del artículo 638 del Código de Trabajo, que establece que los procesos laborales no deben exceder dos años. Aunque inicialmente se propuso un límite de un año y medio, se acordó aumentar el plazo a dos años sin imponer consecuencias para los juicios que se extiendan más allá de ese límite.

A pesar de las controversias, la comisión decidió mantener el artículo con el plazo de dos años, con la promesa de que en una segunda discusión se abordará la necesidad de establecer consecuencias para quienes retrasen el dictamen de la ley.