La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó la importancia de la Ley 25-26, que establece el sistema Alerta RD, como un avance significativo para mejorar la respuesta del Estado ante las desapariciones de personas. Esta legislación busca contribuir a la protección de vidas mediante protocolos claros para la activación de alertas.

Raful explicó que la ley es el resultado de meses de trabajo interinstitucional, donde se diseñaron mecanismos eficientes para la actuación de las instituciones involucradas. La activación de una alerta deberá realizarse de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en un plazo no mayor de 24 horas tras la denuncia, que puede presentarse de forma presencial o telefónica.

Mecanismos de respuesta

El sistema Alerta RD incluye una evaluación coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que jugarán un papel crucial en su implementación. La ministra subrayó que el sistema incorpora mecanismos especializados para diferentes tipos de desapariciones, como la Alerta Amber para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos y la Alerta Rosa para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, el protocolo contempla el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una unidad operativa de la Policía Nacional que coordinará la activación inmediata de las divisiones especializadas del Estado en cada caso. Este enfoque involucra a unas 30 instituciones públicas con competencias en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Raful también agradeció el compromiso de los equipos técnicos e institucionales que participaron en la elaboración de los protocolos y la iniciativa legislativa. La Ley 25-26 establece la creación del Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, un organismo consultivo adscrito al Ministerio de Interior y Policía, que orientará la implementación del sistema.

Este consejo estará integrado por representantes de diversas instituciones, incluyendo la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, y otros organismos vinculados a la protección y seguridad ciudadana. La nueva ley busca consolidar un marco efectivo para abordar las desapariciones en el país.